El pedido de elevación a juicio oral de la Causa Escuela de Yoga que formularon los fiscales Carlos Stornelli, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo refuta los argumentos de las presuntas damnificadas de la organización que declararon en el expediente que no se sienten víctimas.

“Es evidente las lógicas de dominación de la organización hacia estas mujeres, a través de falsas promesas, manipulación, imposición de castigos bajo eufemismos de ‘curas de sueño’ (que en verdad fueron pautas de disciplinamiento mediante suministros de drogas por fuera de todo marco legal y real control profesional)”, sostiene la requisitoria de elevación a juicio.

El documento, de casi 600 páginas, repasa toda la investigación que se inició el año pasado a raíz de la denuncia del hijo de una presunta víctima, Pablo Salum, quien dijo que su madre y sus hermanos fueron captados por lo que él denomina como una “secta”.

No obstante, los familiares de Salum lo desmintieron en el expediente con sus propias declaraciones e incluso videos grabados.

Los fiscales imputados los delitos de “asociación ilícita, lavado de activos y trata de personas” y, a lo largo de la acusación, concluyeron que la explotación sexual de una veintena de mujeres era la principal fuente de ingreso de la organización.

Las supuestas víctimas de esa explotación sexual negaron esos hechos, afirmaron que siempre fueron libres de adoptar sus propias decisiones e incluso una mujer a quienes los fiscales dijeron que era obligada a tener relaciones con el fallecido empresario Pedro Blaquier declaró que, en realidad, habían sido “pareja durante diez años”.

“El manejo, registro y control sobre todos los ingresos y bienes económicos, y el significativo hecho de que muchas de estas mujeres comenzaron a someterse a dichas mandatos cuando eran menores de 18 años, funcionaron como condicionantes extremos de sus capacidades de agencia”, insistió, no obstante, el dictamen fiscal.

Los fiscales notaron “fuertes indicadores de ejercicio de dominio sobre ellas en lo que concierne al manejo de sus sexualidades”.

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“Es en ese contexto en el que deben interpretarse las enfáticas negativas en que se encerraron las mujeres de cuya explotación sexual se valió la organización, al momento de prestar declaración en cámara gesell”, subrayaron, al contradecir el relato de las supuestas víctimas.

El dictamen hace hincapié en “el arrollador y objetivo caudal de evidencias que da cuenta de que los líderes de la organización obtenían enormes ganancias de los encuentros sexuales pagos en los que estas mujeres participaban”.

Ese factor –enfatizaron- “derrota por peso propio cualquier negativa” de las propias supuestas víctimas.

“Esa negativa no es más que una demostración adicional del enorme dominio y control que aún subsiste y sigue operando sobre las subjetividades de ellas”, insistieron.

Stornelli, Mángano y Colombo postularon la elevación a juicio de 17 imputados, entre ellos el presunto líder de la organización, el octogenario Juan Percowicz.