El juez federal Ariel Lijo consideró completa la investigación en torno a la causa conocida como Escuela de Yoga y avanzó en la elevación a la etapa de juicio oral de 17 imputados por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y trata de personas.

“Toda vez que se encontraría completa la instrucción de la investigación  respecto de los hechos por los cuales se dictó sus procesamiento el 8 de septiembre de 2022, confirmado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones el 4 de noviembre, córrase vista a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal”, dispuso el juez Lijo.

Ello significa que el fiscal Carlos Stornelli deberá ahora resolver si acusa a los imputados y promueve el juicio oral o si, en cambio, considera que no cometieron delitos o que la investigación no está aún agotada.

Por su parte las defensas de los imputados objetaron la elevación a la etapa de debate y reclamaron los sobreseimientos de todos los imputados.

Los abogados Jorge Pirozzo y Alejandro Buigo, quienes defienden al principal imputado, el octogenario Juan Percowicz –entre otros- reclamó los sobreseimientos a raíz de las declaraciones que prestaron las supuestas víctimas de la organización.

“Fueron absolutamente precisas en sus declaraciones, con lo cual no se entiende como aún, con la perspectiva de género que una situación como la que han vivido forzadas por el Estado impone a la situación (allanamientos, detención de familiares y amigos, robo de pertenencias), se las sigue sin escuchar y tratando como meros objetos”, argumentaron los defensores.

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La defensa del mago Carlos Barragán, a cargo del abogado Alfredo Oliván, pidió la “nulidad” de la clausura de la instrucción y pidió “que se dispongan los sobreseimientos de todas las personas a quienes defendemos en esta causa”.

Los abogados Fernando Sicilia y Claudio Caffarello, quienes representan a otro grupo de procesados, señalaron la “contradicción” de considerar completa la etapa inicial de la investigación por parte del juez Lijo y, al mismo tiempo, la ejecución de medidas de prueba pendientes.

“No es conciliable ni con la lógica (ni tampoco con los fines de la instrucción) que por un lado ordene la vista que prevé (previa al juicio oral) y al mismo tiempo ordene el cumplimiento de la evaluación psicológica forense de otra de las supuestas víctimas, quien se encuentra convocada para el próximo 12 de julio ante el Cuerpo  Médico Forense”, resumió.