La Cámara Federal porteña respaldó a continuidad de la investigación por las actividades de la denominada Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), pero acotó los márgenes de la investigación a pedido de las defensas de los principales imputados.

La investigación, que involucraba los supuestos delitos de trata de personas y lavado de activos, sufrió un duro revés en 2023, cuando ese mismo tribunal dispuso la nulidad de la elevación a juicio y ordenó revisar y reevaluar la prueba.

Los fiscales Carlos Stornelli, Marcelo Colombo  y Alejandra Mángano le pidieron a juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba que estaban pendientes desde 2022.

Contra esa decisión, los imputados Juan Percowicz –el principal sindicado por la acusación-, Susana Mendelievich, Silvia Herrero; Federico Sisrro, Daniel Eloy Aguilar, Gustavo Aníbal Rena, Adriana González y Mónica Tavella plantearon la “nulidad” de esas medidas de prueba.

“La actividad instructoria dispuesta a través del decreto cuya validez cuestionan se aparta de lo decidido por este Tribunal y avanza con objeto indefinido y sin norte, soslayando la reclamada reevaluación del mérito probatorio a instancias de la prueba de descargo presentada con posterioridad al auto de mérito”, argumentaron.

Desde ese punto de vista, sostenían que el juez Lijo debía reevaluar lo actuado y, sobre esa base, sobreseer a todos los imputados.

Pero la Cámara consideró que  las medidas ordenadas (la obtención de información del Centro Médico Abasto y de la farmacia Las Boticarias), eran “continuidad de algunas ya ordenadas en la causa  o se orientaban a profundizar algunos aspectos de la investigación y a la materialización de testimoniales de otras presuntas víctimas”.

No obstante, en la resolución –firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico- “se le reitera al juez instructor la necesidad de dar respuesta a los planteos formulados por quienes intervienen en este proceso y de transitar el camino valorativo oportunamente encomendado”.