Por Fabián Ruocco.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, una de las medidas centrales tomada por el Gobierno nacional para luchar ante el avance de la pandemia de COVID-19, ha impactado en muchos aspectos cotidianos de la vida.

Se está produciendo un cambio estructural que tiene su origen en una transformación de base tecnológica con efectos directos en el ámbito económico. Afectando tanto a la transformación de las actividades productivas, como a las transacciones económicas, (e-commerce, marketing, etcétera), la financieras (homebanking), las educativas (e-learning), las sanitarias (telemedicine) y la incorporación de blockchain, como tecnología ágil diseñada para administrar un registro de datos online, caracterizada por ser transparente y prácticamente incorruptible, entre otras.

En Argentina, ante la rápida respuesta tecnológica del Gobierno para enfrentar la cuarentena, estamos en el momento perfecto para repensar los objetivos de la digitilalización del sector público.

Porque muchas áreas del aparato estatal se encuentran rezagadas en términos tecnológicos, y hay que desarrollar una estrategia sólida de transformación digital que permita llegar a los segmentos más alejados a la innovación en las provincias y los municipios.

Es decir, la cuarentena puso sobre la mesa muchas realidades en nuestro país, que son el reflejo del fracaso sistémico de las instituciones en las que confiamos.

El sector público está respondiendo digitalmente de manera prodigiosa a las diferentes situaciones a las que la cuarentena nos afronta.

Sabemos que el uso de internet se ha multiplicado en los últimos dos meses, y hay que reconocer que las redes han aguantado bastante bien.

Hay que reconocer también la importancias del programa Red Federal de Fibra Óptica, de la empresa estatal ARSAT, que brinda la posibilidad de acceso a 20.000.000 de ciudadanos, achicando la brecha digital entre pueblos y grandes centros urbanos.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en Argentina la penetración de internet en los hogares fue de un un 77,78 %, en 2018, un 81,42 %, en 2019 y se calcula para 2020 en un 85,24 %.

¿Alguien puede pensar lo que hubiera sucedido de no contar con la infraestructura digital? Realmente no me imagino el gobierno de Alberto Fernandez sin internet como socio estratégico: su activa participación en las redes sociales, las video conferencias permanentes, los datos recolectados por el Ministerio de Salud, la preocupación por la subejecución del presupuesto nacional, en fin la lista es interminable.

A esta realidad de la gestión pública debe sumarse el teletrabajo y las clases virtuales, adoptadas masivamente como respuesta a la cuarentena, combinadas con el exponencial crecimiento del consumo de películas, series, juegos y otros contenidos de entretenimiento con calidad de video que demandan gran ancho de banda.

La pandemia puso a prueba la infraestructura de las redes en todo el mundo, y nuestro país no ha sido la excepción.

El aprovechamiento de las inversiones tecnológicas realizadas en la última década, con diferentes intensidades, permiten que hoy día millones de argentinos puedan obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas, como así la "App Circular" con lo tres tipos de actividades exceptuadas: actividades esenciales, no esenciales y el permiso especial por 48 horas para situaciones puntuales.

El sector público debe dar continuidad al desarrollo de innovación tecnológica aprovechando mucho más las instituciones tecnológicas impulsadas por la Ley 23.877 que están distribuidas por todo el país.

Como el caso del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (UVT - CEDyAT) que desde hace años trabaja con los ministerios y los organismos públicos nacionales para que incorporen nuevas tecnologías de gestión.

Sus programas mejoran el perfil actitudinal de los empleados públicos al capacitarlos en el manejo de herramientas digitales para que los servicios del Estado sean cada vez más eficientes. La normativa es clara y precisa en su visión.

Sin embargo, su decreto regulador requiere de una actualización a los tiempos actuales, porque se trata de un espacio de colaboración público y privado que sin lugar a dudas necesita una permanente actualización.

Frente a la adversidad, las UVT's volvieron a demostrar que cuentan con la capacidad técnica, los recursos humanos y la vocación para ser un actor complementario importantísimo del Estado, para desarrollo pleno, inclusivo y federal de una actividad en la innovación digital que le permita crecer al país.

En resumen, reconociendo que la digitalización puede jugar un papel fundamental en mitigar los efectos de la pos pandemia, es importante que el Gobierno, el sector privado, y la sociedad civil argentina conformen un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto que permita en el muy corto plazo identificar aquellas áreas de trabajo para mejorar el desempeño de ciertos componentes del ecosistema digital. Lo importante es no demorar más.

Por Fabián Ruocco, Director ejecutivo de CEDyAT.