El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Pablo Villegas presenta este martes un proyecto en la legislatura local para avanzar con la construcción de cárceles en un esquema de Participación Público Privada, las famosas PPP. 

“Sobre las expectativas de un financiamiento privado, dijo que “el proyecto prevé declarar de interés público un sistema de contratación, con el que nos aggiornamos a dar soluciones que en Uruguay y otros lugares del mundo han sido exitosas”, aseguró el legislador en declaraciones radiales este lunes. 

“Tenemos un presidente de la nación que nos dice que no hay plata para nada, entonces tenemos que buscar alternativas como han hecho en otros lugares del mundo, que es plantear toda esta cuestión como una unidad de negocios, dejando el tema de seguridad a cargo del servicio penitenciario”, indicó. 

Como una concesión más

"En lo que hace a la construcción, al mantenimiento, a la prestación de servicios, pueden ser tercerizados o privatizados, y otorgados en concesión, como una especie de atractivo para que el sector privado vea la posibilidad de construir cárceles como un negocio y de ese modo obtener un financiamiento por fuera del sistema presupuestario provincial. Si otros países lo pudieron hacer, lo podemos hacer nosotros”, aseveró.

“Las cárceles no tienen que ser un lugar de castigo, sino un lugar donde el interno solamente se vea privado de su libertad, pero que se mantengan los demás derechos como cualquier ciudadano. Les tenemos que dar la oportunidad de trabajar, de hacerse de un oficio, de educarse y estudiar como hacen muchos hoy día con mucho esfuerzo, pagando de sus propios recursos universidades privadas", arguyó. 

"Detrás de todo eso el objetivo es que, cuando salgan, salgan mejor de lo que entraron”, planteó como política el legislador del MPF Pablo Villegas, en declaraciones a Radio Provincia recogidas este martes por el matutino local Provincia 23.

Emergencia en infraestructura carcelaria

Este martes se debate en la comisión de seguridad un proyecto de su autoría, que plantea la declaración de la emergencia en infraestructura de las unidades de detención provinciales, con el fin de abrir la puerta a una operatoria público-privada para la construcción de cárceles. 

“Mañana, después de tanto tiempo que venimos trabajando en el tema, lo vamos a tratar en la comisión 6. Es un proyecto que persigue dos objetivos básicos, por un lado poner de relieve una situación grave que se viene manteniendo en el tiempo, que tiene que ver con la superpoblación carcelaria, con todos los problemas que acarrea, tanto para los privados de la libertad como para el personal penitenciario. Por otro lado, es una herramienta alternativa que utiliza el gobierno cuando es necesario afectar recursos públicos para la solución de problemas estructurales”, dijo. 

“Lo que proponemos mediante la emergencia son los sistemas de contratación extraordinarios, denominados público-privados. Esto significa buscar en el sector privado recursos económicos que permitan financiar la construcción, el mantenimiento y la prestación de servicios en el ámbito del sistema penitenciario provincial. Esto incluye la seguridad y el seguimiento de la ley de ejecución penal”, explicó. 

“Tenemos muchas expectativas y queremos escuchar a las autoridades del Poder Ejecutivo, también al Director del Servicio Penitenciario para ver qué opinión tienen al respecto. Veremos si podemos lograr dictamen o es necesario invitar a otros actores institucionales. Eso lo decidirá la presidente de la comisión, que es la legisladora Natalia Gracianía. El problema que tenemos en la provincia no es solución de un solo poder del Estado, sino que es transversal a los tres poderes”, subrayó el legislador.