En la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2015 y 2020 se registraron seis transfemicidios/travesticidios y la edad promedio de las víctimas era de 38 años, según un relevamiento realizado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). En el informe que  se dio a conocer hoy, en el marco del sexto aniversario del travesticidio de la activista Diana Sacayán, se indicó además, que el 66% de las víctimas eran de nacionalidad extranjera: tres peruanas y una ecuatoriana, mientras que las otras dos eran argentinas.

Además se informó que cinco de las mujeres trans asesinadas ejercían la prostitución y tres mantenían un consumo problemático de sustancias. Con respecto a la edad promedio de las víctimas, y según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, se determinó que era de 38 años, por debajo de lo registrado para el total de víctimas de femicidio, que fue de 41 años.

En 2015 y en 2020 se registraron dos casos en cada año, mientras que en 2017 y 2019 hubo uno en cada uno. En lo referido a los victimarios, en los seis hechos habrían participado, por lo menos, ocho autores en forma directa: cinco varones que fueron individualizados y tres desconocidos. Los autores serían más jóvenes que las víctimas, y según el relevamiento, el promedio de edad es de 23 años.

Como conducta posterior al hecho, y según consta en el informe, todos se fugaron de la escena, algo que distingue a los travesticidios/transfemicidios del resto de los femicidios en donde aparecen otras conductas.

Con respecto al avance de las causas, hay una que fue archivada con autor desconocido en mayo de 2017 luego de 20 meses; otras dos están en investigación; otro de los expedientes ya fue elevado a juicio oral por homicidio agravado por odio y género; y dos causas ya tuvieron sentencia durante el debate oral.

Una de ellas fue el travesticidio de Diana Sacayán, quien fue asesinada el 11 de octubre de 2015 por Gabriel Marino en un crimen motivado por odio basado en su identidad de género.

El 6 de julio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº4 condenó a prisión perpetua a Marino por considerarlo responsable del delito de "homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género".

La defensa del hombre cuestionó la sentencia y recurrió a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y por ello, el 2 de octubre de 2020, la sala I de ese tribunal revisor confirmó la condena a Marino pero modificó la calificación legal del hecho, ya que consideró que correspondía excluir la agravante por odio hacia la identidad de género.

La jueza Patricia Llerena y el juez Gustavo Bruzzone consideraron que el homicidio se había dado en un contexto de violencia de género mientras que el juez Luis Rimondi se había inclinado por descartar ambas agravantes.

Contra esta decisión, el fiscal Ariel Yapur y la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, presentaron un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema.
También lo hicieron la abogada Luciana Sánchez, en representación de Say Sacayán, y el querellante que representa al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El 11 de noviembre de 2020, la sala 4 de la Casación declaró inadmisibles los recursos, mientras que el MPF y los querellantes presentaron sus recursos de queja ante la Corte, que aún no han sido resueltos. La causa se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia por el recurso de queja presentado por el MPF, tras la decisión de la Cámara de Casación de excluir la agravante por el odio a la identidad de género que había sido plasmada por el tribunal de juicio.