El índice de ocupación de terapia intensiva determinará si se restringe el trabajo presencial
Ante el ritmo de contagios, el gobierno nacional eligió dos focos de propagación para atacar: el movimiento escolar y las reuniones; en silenciosa capilla quedó el tránsito presencial de los estatales.
Además de la vuelta de los chicos a las clases, desde marzo regresó a las oficinas, con todos los protocolos, gran parte de los empleados de la Administración Pública Nacional y los organismos públicos, y obviamente aportó su granito de arena a la ocupación del transporte público.
Basta con ver que moviliza el 42% de la masa laboral, de acuerdo con cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Por el momento, según circula entre allegados a los gremios estatales, no habría coincidencia sobre si apoyar o no que se adopten medidas que hagan dar marcha atrás en el grado de presencialidad alcanzado. El decreto no dispensa para hacer teletrabajo.
La Casa Rosada está más enfocada en el cumplimiento de la suspensión por dos semanas dispuesta para las clases presenciales en la educación que en abrir aún más el abanico de las restricciones.
El presidente Alberto Fernández estimó que hará reducir en casi un tercio la circulación presente: implica que no sólo los alumnos se queden en su casa, sino que debería sacar también de la calle a “docentes, no docentes, transportistas, padres, madres...”, según sus propias palabras.
En el transporte público, según datos aportados por el ministro del área, Mario Meoni, la medida debería bajar al menos al 20% de los usuarios cotidianos que forman parte del conglomerado escolar.
Significa que de los 2.145.566 que utilizaron la tarjeta Sube hasta el jueves de la semana pasada, de acuerdo con datos gob.ar, este lunes deberían dejar de escanearla a bordo algo más de 400 mil, lo cual aliviaría un poco, en todo caso, el febril ascenso y descenso de pasajeros en los 15 mil colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los horarios pico.
Eso sí, serviría para acortar las interminables colas que se juntan en algunos puntos claves del transbordo, en las cuales no sobresalen precisamente los blancos guardapolvos.
Semejante aglomeración concentrada en dos momentos del día en las paradas de colectivos y estaciones de tren, principalmente, contrasta sobremanera con la cuarentena del año pasado, signada por el confinamiento y que encima traía la inercia de una recesión productiva de años anteriores. Los 4.242.450 de pasajeros que, en promedio, utilizaban el transporte público en los días hábiles previos al aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno nacional, cayeron un 75% tras la larga cuarentena, ya que fueron 1.055.587 usuarios los que utilizaron trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Registran "baja del 43%" de usuarios del transporte público en el AMBA entre las 20 y las 00
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ilumina estadísticamente lo que la calle viene exhibiendo desde poco antes de la primavera pasada: apareció en circulación, inclusive, un 1% más neto de trabajadoras y trabajadores industriales que en el mes previo a la aplicación de las medidas de aislamiento social.
Esa dinámica de empleo registrado se destacó en actividades inmobiliarias, de la construcción y de alquiler; servicios sociales y de salud y suministro de electricidad, gas y agua, pero también abarcó la gastronomía y el comercio.
No sólo se incorporaron en blanco durante ese período a la vida activa alrededor de 16 mil trabajadoras y trabajadores, sino que hubo una disminución en 5 veces de las suspensiones de personal en las fábricas, respecto de abril 2020, que sumó al tránsito una mayor afluencia de gente.
Como contrapeso, se empezó a notar a bordo de los medios de transporte público la ausencia de 10,1 mil monotributistas y de 3,6 mil autónomos, lo mismo que la disminución en 24.225 ocupaciones formales del servicio doméstico durante ese lapso, de acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que abarca a los 31 principales centros urbanos del país.
Los números que subyacen en estas mutaciones revelan, asimismo, otra característica que, de algún modo, podría estar reflejándose en el actual balance sanitario: el fuerte crecimiento que registró la población joven (hasta 29 años) ocupada, hasta retornar a los niveles previos de 2019, y algo menos la de edades centrales (entre 30 y 64 años).
El perfil consumidor de los nuevos empleados incrementó el espacio de entretenimiento y reuniones, uno de los focos de contagio más apuntados por los asesores del gobierno nacional.
A diferencia del año pasado, cuando prevalecían pacientes añosos con comorbilidades, ahora empieza verse una franja etaria en los pacientes internados por debajo de los 50 años, sin enfermedades previas, “que ingresan grave y muchos de ellos se mueren”, de acuerdo con la evaluación del vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Guillermo Chiappero.
La cantidad de contagios se ensañó, en esta nueva etapa, con personas entre 30 y 58 años, si bien la mayoría de las muertes se sigue dando en los mayores de 60, en especial hombres.
Descartado el efecto que podría tener la vacunación en el corto plazo, por el agotamiento actual de existencias, la tensión del sistema de salud se concentra exclusivamente en la capacidad de las terapias.
Un relevamiento mensual que publica SATI sobre la base de la ocupación de 53 unidades de terapias intensivas de AMBA, un total de 1.046 camas de terapia intensiva (9% del total del país), indica, con datos que llegan hasta el mes pasado, que más del 93% de las camas se encuentran ocupadas y la capacidad de expansión de estas terapias intensivas, de incrementar el número de camas para dar asistencia, es de menos del 6%; y esta situación se da tanto en el ámbito público como en el privado.
Ese porcentaje sólo se flexibilizaría si se empezaran a desocupar camas afectadas a tratamientos preexistentes no vinculados con el Covid-19 y que no habían sido asistidos durante 2020.
No es demasiado generoso el margen a descontar con estas altas, y siempre que no se siguiera agregando la atención de otras patologías: no superaría el 40%, que rápidamente podría ser alcanzado, a este paso, por la curva de contagios, en caso de no ser detenida.
Una eficaz redistribución entre los centros de salud sería otra de las alternativas para aprovechar camas, pero también su incidencia sería muy limitada ante riesgo de colapso.
De ahí que Chiappero crea que el esfuerzo debe concentrarse en evitar todo lo que se pueda el ingreso de nuevos casos. “Con el advenimiento de la vacuna, con la apertura de las diferentes actividades, la población pensó que la epidemia se había acabado; nosotros veíamos que en Europa eso no había ocurrido y que nos iba a tocar; lamentablemente se permitieron un montón de conductas que ahora es muy difícil revertirlas y en poco tiempo”, advirtió.
“Hasta Semana Santa, la gente viajaba de vacaciones como si no ocurriese absolutamente nada y de un día para el otro tuvimos este crecimiento exponencial del número de casos, que ahora está teniendo estas consecuencias”, declaró en la publicación neuquina “Vaconfirma”.
El tsunami sanitario golpea las puertas del sistema de salud y se le interpuso a la prioridad que había establecido el primer mandatario antes del comienzo de las clases.
Textualmente había dicho: "Hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen. Pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo. Perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad y eso es algo que no nos podemos permitir".
Sin embargo, el empinamiento de los contagios le hizo cambiar la visión y apoyarse en análisis científicos, como el de las dos revistas Nature y Lanzer, que definieron “el cierre de escuelas, como la segunda medida más afectiva para evitar la propagación del contagio”.
Advirtieron que “si a nivel comunitario, la pandemia no está controlada, la escuela funciona como propagadora”, y en Argentina, moviliza 14 millones de estudiantes y más de un millón de docentes.
De este modo, al anunciar las nuevas restricciones, el Presidente sostuvo que “el contagio no está en las fábricas, no está centralmente en los negocios que con distancia social pueden atender a los clientes. El problema central está en las reuniones sociales donde la gente se distiende y en ese momento de distracción, de esparcimiento, es mucho más fácil contraer el virus”, aclaró.
Pero si la situación actual empeora, las que faltan entrar en tela de juicio serían las esencialidades del sector público. Ya que se metió mano a la gastronomía, compuesta en un 90% por Pymes.