Los jefes de Estado de las siete naciones más ricas del planeta -Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón- se retiraron la semana pasada de la Cumbre del G7, en Carbis Bay Cornwall, pueblo y lugar de veraneo de Cornualles, Inglaterra,  con un compromiso más formal que específico: “ampliar rápidamente las tecnologías y las políticas que aceleren aún más la transición de la capacidad ininterrumpida de carbón, en consonancia con nuestras NDC 2030 y nuestro compromiso neto cero", constaba en el comunicado oficial.

Tratándose de los responsables del 20% de las emisiones globales de carbono, los movimientos de defensa del medio ambiente, cada vez más numerosos y representativos en el mundo, quedaron con sabor a nada.

Ya en 2009, los mismos países habían acordado en las Naciones Unidas contribuir juntos con $100 mil millones cada año que se destinarían a los países más pobres, muchos de los cuales están lidiando con el aumento de los mares, las tormentas y las sequías empeoradas por el cambio climático. 

Sólo Canadá y Alemania se salieron del casete al cabo de la Cumbre: el país norteamericano informó que duplicaría su compromiso de financiación climática a C $ 5.3 mil millones (US$ 4.4 mil millones) durante los próximos 5 años y el europeo, que lo aumentaría en 2.000 millones, a 6 mil millones de euros ($ 7.260 millones), al año para 2025 a más tardar.

El objetivo establecido hace 12 años no se cumplió, y en todo caso se renueva en el parte final de la Cumbre suscripto la semana pasada por las potencias, lo que la directora de Climate Action Network, un grupo que agrupa a las organizaciones de defensa, acusó de no estar a la altura del desafío de acordar compromisos concretos sobre financiamiento climático.   

Apuntó, precisamente, a que los líderes no deberían haberse quedado sólo en una eventual ayuda a los países más pobres a reducir las emisiones de carbono y hacer frente al calentamiento global, sino que deberían haberlo respaldado con acciones específicas para recortar los subsidios destinados al desarrollo de combustibles fósiles y poner fin a la inversión en proyectos como nuevos campos de petróleo y gas, así como en el clima.  

Esta vez la promesa consignada en el documento de cierre de la Cumbre es que 2021 debería ser un "punto de inflexión para nuestro planeta", y deberían acelerar los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que mantener el umbral de calentamiento global de 1,5 grados Celsius al alcance.

Sin embargo, el reclamo ambientalista ante el reiterado incumplimiento de los acuerdos internacionales en las cumbres pasa por la aplicación en cada uno de los países de políticas de Estado que estructuren las Leyes de Presupuesto según los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, de Naciones Unidas. 

Pero que sean incluidas las respectivas ciudadanías en la discusión y el control de las prioridades conforme a las urgencias de salud humana y planetaria, reducción de inequidad, educación de los más vulnerables o integración social, con el propósito de reubicar las partidas presupuestarias según esas prioridades.     

Si se llegó a un punto en el que se reconoce que no es sustentable para la convivencia local y global que el 1% de la Humanidad posea más del 50% del patrimonio global, ciudadanos inversores, consumidores, trabajadores, gobiernos y empresas se preguntan cómo transitar de las rentabilidades de las partes (individuales, empresariales y políticas) a las rentabilidades colectivas y planetarias, una discusión que no llegó a las agendas políticas, absorbidas por las elecciones. 

La vida es la rentabilidad mayor

"No tardará en hacerlo", advierte Pedro Tarak, cofundador de Sistema B & Puentes Globales: "El Covid 19 genera una grieta en los sistemas económicos que no incorporan lo ambiental y social en su ADN, midiendo estrictamente lo financiero de corto plazo. De golpe, millones de personas toman conciencia que la Vida en el Mundo y en la Tierra es un valor superior al de la economía".

La preocupación que manifestaron en la Cumbre reciente los miembros del G7 por la distribución de las vacunas se produce cuando los países más ricos inocularon al 41% de su población con al menos una dosis, mientras los de bajos ingresos siguen en 1%.

La expectativa de cambios efectivos se concentra en los estados, en particular las ciudades, y las grandes corporaciones, ya que pueden adoptar respuestas rápidas con sus regímenes de compras a proveedores premiando en el precio a quienes incluyan soluciones sociales y ambientales en su razón de ser promoviendo la economía circular y regenerativa.

La UE seleccionó un fideicomiso de la red nacional de alcaldes para equipar ciudades en gran escala a precio competitivo

Globalmente, afirma Tarak, algunos gobiernos nacionales ya empezaron a condicionar las políticas de rescate a empresas con subsidios atados a soluciones sociales y ambientales. 

Y se aceleran conversaciones para reorientar los subsidios públicos hacia las energías renovables en vez de seguir apoyando al mundo del petróleo y gas, una de las industrias causantes del cambio climático. Otro tanto sucede con el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica y regenerativa a gran escala con mano de obra intensiva promoviendo la limpieza de suelos, aguas y regeneración del monte. 

Las democracias ya incorporaron en su funcionamiento político a los movimientos verdes, que se encaraman en la disputa del poder en varias naciones. 

Constituyen una alternativa plausible en la izquierda europea ante el desgaste generalizado de la socialdemocracia y el ascenso de la extrema derecha. 

El discurso ecologista ocupa el espacio de la justicia social, la Unión Europea y la inmigración.  

El ascenso se vivió en Bélgica y los Países Bajos, en las generales de Luxemburgo o las regionales en Baviera. 

En Alemania, Austria, los países nórdicos, Francia o Reino Unido comenzaron a brotar en los `70 pequeños partidos políticos que trataban de canalizar a nivel local y regional una heterogénea amalgama de reivindicaciones ecologistas que no estaban siendo recogidas por los partidos tradicionales. 

Si bien el primer partido verde nacional en Europa apareció en 1973 en Reino Unido, no sería hasta principios de los `80 cuando se generalizaría el establecimiento de este tipo de partidos.

En los primeros años de los `80, los partidos verdes comenzaron a tener representación parlamentaria en Bélgica, Finlandia, Alemania, Luxemburgo y Austria, y para finales de la década ya habían irrumpido en más de una docena de Parlamentos nacionales europeos. 

“Ya no alcanzan las discusiones entre las categorías de izquierda y derecha. Hoy necesitamos reaprender nuestra convivencia como Mundo en la Tierra. Ojalá que nuestro legado sea recordado de aquí a 200 años como la generación que supo rediseñarse económica y políticamente para una Humanidad que se reorientó hacia la dignidad humana de todos reconociendo las necesidades de Vida de la Tierra”, se encomendó Tarak. 

“Nos encontramos en un momento de preparación para la próxima competitividad global de las economías, en el que las soluciones sociales y ambientales sean su nueva naturaleza”, afirma. 

Francia, por ejemplo, elevó a bienes públicos el propósito de las grandes empresas (reubicando el lucro como herramienta y uno de los indicadores de medición de progreso) con materialidad social y ambiental mensurable con el mismo rigor que la financiera. Y con obligatoriedad de mostrarlo en el balance anual (Loi Pacte - Entreprise a Mision).

Entre las empresas privadas, el triple impacto: económico, social y ambiental gana cada vez más adeptos. “¡Estamos felices de anunciar que ya son 4000 las Empresas B Certificadas en todo el mundo!”, tuiteó el director ejecutivo en Sistema B Argentina, Francisco Murray. Se encuentran en 77 países que emplean a 280.000 trabajadores de 153 industrias. 

“Eso nos demuestra que una mejor manera de hacer negocios es posible, necesaria y una fuerza innegable para el bien. El Sistema B significa “beneficio para todos” porque ser Empresa B es cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Y además, significa comprometerse con el propósito de resolver problemas de la sociedad y el planeta como parte central de sus negocios”, remarcó.

En Argentina, así como todavía no hay representatividad política del ecologismo, tampoco hubo un crecimiento fuerte en la comunidad de Empresas B; sólo alcanzan a 128 las que cuentan con esta certificación que avala su buen desempeño tanto social como ambiental. Integran las 659 de Latinoamérica y a las ahora 4.000 del mundo.

La inflación, la pobreza y la recesión pandémica conspiran contra la difusión de esta modalidad de hacer negocios, que en los países más avanzados se expande cada vez a mayor velocidad, al hacerse eco de la tremenda problemática planetaria. 

“Desde la biología evolutiva sabemos que en tiempos de cambio no triunfa el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más poderoso, sino aquel que más rápido y mejor se adapta a los cambios”, afirma Pedro Friedrich, copresidente del directorio de la organización certificadora Sistema B Argentina.

Las Empresas B son las que miden su impacto social y ambiental (usando como métrica la Evaluación del Impacto B) y se comprometen de forma personal, institucional y legal a tomar decisiones considerando las consecuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y el ambiente. 

Pero estarían al alcance de aquellos que ya se salvaron a sí mismos y piensan en el planeta, o sea, los más alejados de la pobreza, a quienes la subsistencia no les permite más que aspirar a salvarse como puedan.