El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una problemática que involucra a distintos sectores: el de la salud, porque afecta la calidad de vida de las víctimas; el de la justicia, por las pocas denuncias que se hacen y condenas que se logran; y el de los derechos humanos, porque es una de las peores formas de violencia que puede sufrir una persona. 

Las niñas y los niños que son víctimas de este delito suelen tener muchas dificultades a la hora de pedir ayuda: según UNICEF, casi el 75% de los abusos sexuales son perpetrados por personas dentro del propio entorno familiar.

Hay que tener esto en cuenta para entender por qué es tan difícil para un niño o niña contar su verdad. Sumado a que, una vez que se animan y hablan, se les suele culpar a ellos y/o a sus madres, en lugar del abusador.

Si a pesar de todas estas trabas se decide avanzar con la denuncia, aparecen otros obstáculos que impiden que se haga justicia. 

La falta de condenas y la persecución a quienes deciden denunciar generan un ambiente de impunidad que afecta profundamente a las víctimas. Por eso es entendible que muchas personas que sufrieron abuso no se animen a hablar sobre el tema. Al ser una problemática tan ligada al silencio visibilizarla es urgente. 

Y por eso desde FUSA y Equality Now impulsamos la Jornada sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en la que debatimos sobre las estrategias de abordaje desde la salud y el acceso a la justicia. El objetivo principal es crear un espacio de intercambio entre madres protectoras, sobrevivientes y profesionales de la salud y el derecho, en el que podamos identificar y trabajar sobre los obstáculos existentes sobre la temática, y proponer nuevas prácticas en salud y justicia que tiendan a la reparación de las víctimas y la restitución de
sus derechos.

En este sentido, es importante diseñar e implementar estrategias intersectoriales, donde todas las áreas que involucran a la problemática trabajen en conjunto para detectar rápidamente los casos de abuso sexual, y poder dar una respuesta de forma integral, protegiendo los derechos de las víctimas.

Una de las prácticas clave es la detección temprana: desde los docentes hasta los profesionales de salud tienen que estar capacitados y sensibilizados para poder detectar: cuando una niña o un adolescente cambia de conducta, empieza a faltar al colegio o presenta signos de violencia, algo está pasando.

Pero, ¿qué ocurre cuando la docente lo detecta de forma temprana, pero luego la justicia tarda cinco o diez años en condenar al abusador? Ahí vemos un claro obstáculo para la reparación de las víctimas. 

Por eso insistimos en que es una problemática intersectorial y que, para erradicarla, necesitamos el compromiso de toda la sociedad y un trabajo interdisciplinario.

Sabemos que es un camino largo, con muchos altibajos, pero que vale la pena recorrer para erradicar este tipo de vulneración de derechos, contra los niños, las niñas y los adolescentes.
 

* Sandra Vázquez, médica ginecóloga infantojuvenil y Directora Ejecutiva de FUSA AC.