Distintas organizaciones, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Javier Milei por la “destrucción de las políticas sociales”.

En la audiencia el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, declaró:  “Para nosotros el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”. En las tres audiencias realizadas ayer se denunció al Gobierno de La Libertad Avanza por “el desfinanciamiento y abandono de las políticas sociales”, se discutió “las políticas de memoria, verdad y justicia” y el abandono de los programas “para erradicar la violencia de género y promover la salud reproductiva en el país”. 

En tanto desde el Gobierno, el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a través de un informe de 13 páginas, buscó desmentir estos dichos:  “En el ámbito de la alimentación, el Ministerio de Capital Humano - a cargo de Sandra Pettovello - ha ejecutado un 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, incrementando el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar”. “Estas medidas buscan cubrir la canasta básica alimentaria de niños y adolescentes, extendiendo la cobertura a más de 600.000 adolescentes previamente excluidos”, explicó. 

Volviendo a la audiencia, las organizaciones sociales y políticas solicitaron a la CIDH “que exhorte al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones de no regresividad en la formulación del presupuesto anual y en la definición de políticas fiscales, para garantizar los derechos a la vivienda digna, la alimentación adecuada y la salud para las comunidades más vulnerables”. Además pidieron que una delegación de la CIDH “visite el país y elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina”.