Uno de los principales objetivos de gestión al iniciar nuestro trabajo en la Agencia Nacional de Discapacidad fue darle visibilidad a la temática porque consideramos que no se puede incluir a un colectivo que no se ve.

Si bien los prejuicios, los estigmas y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad cada día existen en todo el mundo, es responsabilidad del Estado argentino en primer lugar, pero también de la sociedad toda trabajar para garantizar un ejercicio pleno de sus derechos.

Sin embargo, este tema estuvo siempre encapsulado en un ámbito muy específico, sin que sea prioridad de ninguna agenda.

El 1 de marzo el presidente Alberto Fernández anunció que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto para reemplazar la ley marco en discapacidad que tiene más de 40 años, que fuera sancionada en dictadura y que ya sufrió más de 130 modificaciones.

Es por ello que, con la vocación de diálogo y escucha permanente a todos los sectores, iniciamos un proceso de foros y audiencias públicas con carácter federal para recibir aportes e insumos para la nueva ley. Serán siete audiencias públicas con más de 700 oradores inscriptos, más de 30 foros y 2000 aportes recibidos vía web.

Esos son algunos números que dan cuenta de un proceso participativo inédito si hablamos de discapacidad. Ya el congreso había debatido algunos proyectos que pretendían cambiar la norma vigente, incluso uno llegó a tener media sanción pero luego perdió estado parlamentario.

Todas estas iniciativas representaron un avance y una propuesta de cambio en la mirada hacia las personas con discapacidad, pero uno de los cuestionamientos que surgieron en su momento fue común a todos: "La consulta con los sectores relacionados con la discapacidad fue insuficiente".

Por todo esto es que podemos definir al proceso de consulta en marcha como histórico. Las personas que toman la palabra en cada audiencia así lo destacan, más allá de enumerar los incumplimientos del Estado y las barreras que les impone la sociedad.

Una de las principales deudas apuntadas es la falta de educación inclusiva. Hoy en la Argentina persisten diferentes sistemas paralelos, a pesar de los esfuerzos que se vienen impulsando para que estudiantes con discapacidad asistan a la escuela común y que esta brinde todas las herramientas de inclusión efectiva.

La ausencia de oportunidades reales de trabajo también es una demanda urgente del sector. Es que 8 de cada 10 personas con discapacidad no trabajan, el cupo laboral en el Estado todavía no se cumple y muchas personas cobran pasantías durante largos años, sin llegar nunca al trabajo real.

Mecanismos de control y sanciones para los incumplimientos, la compatibilidad del trabajo formal con la pensión y reclamos para que mejore el sistema de prestaciones son otros pedidos que se han escuchado con frecuencia en foros y audiencias.

Nos toca ahora el enorme desafío de interpretar estos insumos para construir un proyecto de ley que refleje los aportes  de personas con discapacidad, familiares, instituciones y quienes se atrevieron a tomar la palabra y a comprometerse con este proceso.

Sabemos que esta ley representará un paso más en la transformación social y cultural que se requiere para construir una sociedad más inclusiva, con plena participación de las personas con discapacidad.

Es preciso que esta norma clarifique los roles y determine las responsabilidades de cada sector, tanto las del Estado como las de la sociedad. Porque esa transformación que demandamos es una responsabilidad colectiva.

Nuestro gobierno está trabajando en muchas de las demandas del sector. Propiciamos políticas concretas para mejorar el cumplimiento del cupo laboral, se viene apoyando a las personas con discapacidad más vulnerables con la entrega de pensiones no contributivas (más de 150 mil otorgadas durante nuestra gestión). Regularizamos pagos en el sistema de prestaciones y avanzamos en mejoras administrativas para disminuir la enorme burocracia que agota a las familias cada año.

Cada una de estas acciones se han desarrollado dialogando y escuchando a los representantes del sector de la discapacidad y  asumiendo en nuestra agenda de gobierno demandas históricas de este colectivo.

Trabajamos con decisión para construir una Argentina que nos incluya a todas y todos. La sanción de esta nueva ley será un impulso muy significativo para avanzar en ese camino.

Este año, todos los sectores de la política con representación en el Congreso tendremos la oportunidad de hacer una contribución definitiva en esta construcción.

(*) - Fernando Galarraga es el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.