El jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público fiscal destituyó hoy, por unanimidad,  a Julio César Castro, el ex titular de la fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, justamente por haber incurrido en episodios de violencia de género y malos tratos hacia sus empleados y colaboradores.

Castro, quien fue condenado hace dos años por "violación" de una ex pareja y está en libertad porque hasta hoy estuvo protegido por sus fueros, fue destituido porque su conducta implicó un "ejercicio abusivo de su poder (que) dista de lo que la sociedad espera y exige de un magistrado". 

"Se han acreditado numerosos hechos de suma gravedad dirigidos a distintos personas de diferentes ámbitos", consistentes en "ensañamiento con mujeres demostrativos de falta de prudencia, reflexión, conciencia de género, respeto por los demás y autocrítica", sostuvo la resolución del tribunal.

Castro dijo en su defensa que la acusación en su contra era fruto de sus diferencias políticas con el procurador general de  la Nación interino, Eduardo Casal, y consideró que su exigencia laboral fue entendida como malos tratos cuando en rigor se trataba de una forma de trabajo.

"No basta con que un magistrado pretenda demostrar contracción al trabajo. Ese es solo un aspecto de la idoneidad", replicó el tribunal, que aclaró que existe además la "exigencia de una conducta ejemplar caracterizada por el respeto a la Constitución Nacional en todos sus actos, dentro y fuera de sus funciones".

Castro -subrayó el fallo- "insistió en la corrección de sus acciones, negó responsabilidad y culpó a circunstancias externas sin demostrar un atisbo de arrepentimiento" sobre sus conducta, y "tampoco existieron pedidos de disculpas" a sus víctimas.

Ello configuró la causal de remoción de "mal desempeño y violaciones al deber de observar buena conducta".

"La conducta que se reprocha al magistrado se manifestó en incumplimiento de distintos deberes que le son exigidos", destacó el tribunal, que resumió tres aspectos: "acoso sexual laboral, conductas indecorosas de contenido sexual y maltrato".

Para el tribunal, presidido por la abogada Adriana Donato, los hechos reprochados al fiscal Castro son "casos claros" que muestran con elocuencia la "cuantía y gravedad de sus comportamientos". 

"La necesidad de sancionar las conductas deviene de la gravedad de su propia conducta", pues "resulta sumamente deleznable que los haya cometido un magistrado integrante del órgano al cual la Constitución Nacional le ha encomendado la defensa de la legalidad". 

Para los evaluadores, Castro incurrió en "manifestaciones de violencia hacia la mujer", que "se ha manifestado en los diferentes casos" en todas sus formas: "física, psicológica, sexual, económica y simbólica".

El tribunal resolvió, además, enviar a la Procuración General de la Nación el pedido de los fiscales acusadores, Federico Reynares Solari e Indiana Garzón, para una reparación para las víctimas de Castro, consistente en promociones laborales y reintegro de gastos que debieron afrontar como consecuencia de la situación laboral que atravesaron.