Crecen las denuncias por incendios intencionales en el Delta del Paraná
Matías De Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dijo a NA que “el Estado no cumple con el acuerdo interjurisdiccional de Emergencia Climática".
En los últimos días volvieron a detectarse incendios en la zona de islas del Delta frente a Rosario. El humo que volvió a invadir esa ciudad, un problema ambiental que ocurre desde hace 3 años casi de manera habitual, en estos momentos “está controlado”, según confirmó a NA Matías De Bueno, abogado ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
También aseguró que se trató de un fuego “claramente intencional” y pidió “más presencia del Estado”.
“¿Cómo puede ser que desde hace 3 años se vengan realizando incendios intencionales y no haya ningún responsable ante la Justicia?, cuestionó. “En la actualidad, no existe ningún piso de legalidad para hacer uso del suelo con el desarrollo de fuegos controlados. Para eso se necesita un permiso administrativo particular que nadie cumple. Por eso, al día de hoy todos los incendios son ilegales según lo declaró la Corte Suprema de Justicia”, agregó.
En relación a los últimos focos de incendio, el directivo de la UNR dice que “los focos que estaban al norte estarían extinguidos, aunque requieren de vigilancia. Y los que están al sur, hoy todavía están presentes en unas 300 hectáreas, aunque ya pasaron el peor momento cuando tomaron 4000 hectáreas en total."
El objetivo: prevenir nuevos incendios
-¿En qué sentido se requiere que el Estado tenga mayor presencia o actúe de manera más eficiente?
-MDB: Por un lado, en relación al equipamiento que se prometió desde el gobierno nacional, cuando se lanzaron los Faros de Conservación Ambiental. Este tipo de Faro, es mucho más que una antena con cámaras para poder detectar incendios. Cuando se anunció, se prometió una base totalmente equipada con mucho recurso humano, tecnológico y medios de transporte (lanchas, camionetas adecuadas para transitar en el lugar), además de distintos patrullajes a través de drones. Se presentó como un sistema inter conectado entre los distintos Faros para generar las alertas necesarias y poder prevenir los incendios. Esto está muy lejos de la realidad.”
Por otra parte, por orden de la Corte Suprema de Justicia, en 2008, se conformó un acuerdo interjurisdiccional de Emergencia Climática entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, junto al gobierno nacional, conocido como el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). A través de esta herramienta jurídica, se busca gestionar los humedales del delta del Paraná de manera conjunta, ya que se trata de un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales, y evitar los nuevos incendios.
De Bueno explica que “desde ese comité deberían salir todos los planes estratégicos para evitar que se produzcan nuevos incendios en las islas. Y como vemos, eso no está sucediendo”.
También menciona que el acuerdo se trata de “un recurso estratégico crucial en la región, ya que impacta a nivel global: el humedal es un sumidero de carbono súper necesario para combatir la crisis climática mundial”.
Buscando comprender el problema de fondo y los grandes daños ambientales que se causan con cada nueva quema en el humedal, De Bueno detalló: “El Humedal tiene una extensión aproximada de 2 millones de hectáreas y presta servicios económicos y ambientales a unos 15 millones de personas. Nos protege de las sequias, filtra el agua y la regenera, nos previene de las inundaciones. Además, el humedal es el encargado de limpiar el aire de la región, y con las quemas, el humo que llega a la ciudad además de contaminar el ambiente nos provoca serios problemas de salud".
- En tu opinión, ¿por qué la Ley de protección de Humedales perdió estado parlamentario 3 veces?
- MDB: El problema reside en la falta de voluntad de los actores involucrados en el contenido de una ley de humedales. En nuestro país tenemos convenciones de Derechos Humanos, el artículo 41 de la Constitución Nacional, la ley general del Ambiente (25.675) pero ninguna se puede cumplir por falta de consenso para llevarla adelante. Si hoy no nos damos un debate serio respecto que es el humedal, cuales va a ser las actividades permitidas y prohibidas, cuáles serían las practicas sostenibles y si van a existir los recursos necesarios para poder implementar una ley de Humedales, por más que se apruebe, que eso no va a suceder por ahora, va derecho a fracasar. Creo que el gran problema de base es que no se ponen de acuerdo quienes tienen el poder.
Hay una enorme falla por parte de las autoridades de aplicación, tanto provincial y nacional, que le dan muy baja importancia al medioambiente. Pareciera que, cuidar el ambiente es estar en contra de la economía y esa es una falsa dicotomía. Hay que lograr que se genere un consenso que pueda compatibilizar los beneficios económicos con la contención social y la protección del medioambiente.