Una banda dedicada a realizar secuestros extorsivos en la ciudad de Rosario y en la localidad bonaerense de San Nicolás fue desarticulada y seis personas quedaron detenidas en medio de 16 allanamientos realizados en simultáneo.

Según se informó, los ahora detenidos, cinco hombres y una mujer, cometieron al menos tres secuestros extorsivos y fueron aprehendidos por personal del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal en los allanamientos ordenados por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los procedimientos tuvieron lugar en domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Beccar, Martínez, Wilde, Moreno, Lanús, Villa General Savio, Tortuguitas y Gerli. 

También se allanaron un hotel, una vivienda y la Alcaldía I bis de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba recluido uno de los hombres, quien prestaba colaboración intramuros. Además, se dispuso la inspección ocular de una vivienda de la ciudad de San Nicolás.

La investigación se inició a raíz de una serie de secuestros extorsivos que tuvieron lugar entre el 20 de julio de 2021 y octubre pasado, en las localidades de San Nicolás y Rosario.

El primero de los hechos denunciados ocurrió el 24 de enero pasado y en esa oportunidad, la víctima circulaba en su camioneta Volkswagen Amarok, cerca de la localidad Villa Ramallo, cuando notó que era seguido por un vehículo rojo. 

Cuando disminuyó la marcha, apareció otro auto en el que viajaban dos hombres que vestían camperas y gorras con la inscripción "Policía Federal Argentina".

Tras identificarse, la víctima fue obligada a subir a la parte de atrás de un vehículo y trasladado hacia San Nicolás, donde permaneció cautivo. 

En simultáneo, los secuestradores se comunicaron con el hermano del hombre y le exigieron dinero por su liberación, que se materializó en el 26 de enero.

Días después del hecho, el hermano de la víctima recibió un llamado en su celular, donde una persona con la voz distorsionada le informaba que "sabía que habían hecho la denuncia, que no habían cumplido con su parte".

La organización contaba con una sofisticada logística y capacidad operativa: seleccionaba a sus víctimas, les hacía seguimientos durante meses, las capturaban en procedimientos policiales o de notificación judicial simulados o directamente accedían a sus viviendas con llaves duplicadas. 

Las víctimas eran trasladadas a distintos domicilios que la organización alquilaba a tal fin; y exigían millonarias sumas de dinero en dólares para liberar a las personas.

De acuerdo con la investigación de los fiscales, los secuestradores recurrían a patentes e identidades falsas para evitar ser descubiertos; usaban tanto teléfonos celulares sin localizadores como inhibidores de señal. También, para pedir los rescates, usaban equipos con tecnología vieja, acondicionados al efecto y que eran entregados a los familiares de las víctimas cautivas. 

Los llamados extorsivos se efectuaban con diversas líneas distintas, desde locaciones diferentes y utilizaban distorsionadores de voz.

En cuanto a su estructura, la organización operaba en "células" con roles previamente definidos: mientras una parte de la organización se abocaba al cautiverio, la otra se ocupaba de realizar los llamados extorsivos y el cobro de los rescates.

La causa está a cargo de las Fiscalías Federales de San Nicolás y N°1 de Rosario, a cargo de Matías Di Lello y Javier Arzubi Calvo, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.