El Matanza-Riachuelo ha sido desde los tiempos de la colonia uno de los principales focos de contaminación y la situación recién comenzó a revertirse con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó, hace 15 años, a la Nación, Provincia y Ciudad a tomar medidas para recomponer el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

El gran curso de agua, que funciona como límite político y natural entre el sur del Conurbano y la Capital Federal, fue destino de desechos industriales y domiciliarios de manera continua, lo que ocasionó un grave perjuicio al ecosistema y también a las millones de personas que se asentaron en sus alrededores o directamente en sus márgenes.

Foto: Archivo NA/Juan Vargas.

En julio de 2004, un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza, presentaron una demanda para reclamar la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca, que ocupa poco más de dos mil kilómetros cuadrados y afecta a catorce distritos bonaerense y a nueve comunas porteñas. Los apuntados en la denuncia eran el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad y 44 empresas por sus actividades contaminantes.

Cuatro años después, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema falló contra los tres estados y los instó a ejecutar un plan de saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo que tuviera como ejes tres premisas clave: mejorar la calidad de vida de sus habitantes, recomponer el ambiente y prevenir futuros daños.

Foto: Archivo NA/José Luis Perrino.

A 15 años de aquella medida la realidad de la Cuenca cambió y está lejos de aquel hediondo curso de agua, tapizado de basura y con barrios enteros levantados en sus márgenes. Sin embargo, la situación todavía no es la ideal.

La gestión del plan de saneamiento está en manos de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que año a año retira miles de millones de toneladas de basura del espejo de agua.

En el marco de las periódicas tareas de limpieza, el organismo, actualmente conducido por Martín Sabbatella, se emplean barreras de retención, embarcaciones (barcazas con grúas y grampa tipo almeja y catamaranes con pala cargadora frontal) y guinches de arrastre giratorio con grampa almeja (grúas) ubicados en los obradores de Puente Bosch y Alsina.

Foto: ACUMAR.

A través de esas herramientas, se extraen del agua del Matanza-Riachuelo ramas, restos forestales y desmalezado, plástico, pañales y apósitos, neumáticos fuera de uso, textiles, madera, envases metálicos, vidrio y otros, como cartón o telgopor.

Según informó ACUMAR, mensualmente se retiran unas 300 toneladas de residuos sólidos flotantes en un tramo de 22 kilómetros entre la Ruta 4 y la desembocadura en el Río de la Plata: en 2015 esa cifra era de 391,30 toneladas por mes.

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Para empezar a cambiar el drama ambiental se avanzó con un importante plan de viviendas para poder mudar a los barrios que se habían creado sobre las márgenes del curso de agua principal y los arroyos afluentes, así como también se impulsó la reconversión industrial de las empresas que están instaladas en la cuenca.

Foto: Archivo NA/Juan Vargas.

Algunos de los destacados avances logrados son la remoción de gran cantidad de buques hundidos e inactivos existentes en la Cuenca Matanza Riachuelo, que representaban no solamente un obstáculo o peligro para la navegación u operaciones portuarias, sino también un objeto contaminante y un impedimento al libre escurrimiento de las aguas; la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas; y el inicio del Sistema Riachuelo, una mega obra de ingeniería que ampliará el tejido cloacal y incorporar a 1,5 millón de habitantes a la red de cloacas, evitando así que los desechos orgánicos se viertan directamente en el cauce del Riachuelo, lo que constituye hoy una de sus principales causas de contaminación.

La corrupción, otro mal que afectó al Riachuelo

Además de los residuos domiciliarios y el vuelco de sustancias industriales, la corrupción también jugó un rol importante en la Cuenca Matanza-Riachuelo.

Con la incumplida promesa de la secretaria de Ambiente durante la gestión presidencial de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, de limpiar el Riachuelo "en mil días" como ejemplo de los manejos espurios en torno al saneamiento de la cuenca, tras el fallo de la Corte Suprema hubo un momento insólito.

En noviembre de 2012, el juez federal Luis Armella fue removido por el propio máximo tribunal y denunciado ante el Consejo de la Magistratura por irregularidades en la contratación de obras para el saneamiento de la cuenca.

El magistrado, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, había sido designado en julio de 2008 por la Corte como responsable de la ejecución de la sentencia en la causa Mendoza.

Armella en 2008, durante una recorrida por el Riachuelo junto a la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti. Foto: Archivo NA.

Las serias irregularidades fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) e incluían la obtención de contratos millonarios sin licitación por parte de empresas vinculadas al juez, en el marco del plan integral de saneamiento ambiental que el propio Armella debía supervisar.

El Gobierno de Cristina Kirchner también lo denunció y señaló que el modus operandi del magistrado consistía primero en fijar plazos brevísimos para la realización de obras por lo cual la ACUMAR u otros organismos involucrados en su ejecución se veían forzados a eludir los mecanismos de licitación: así, realizaban contrataciones directas que terminaban beneficiando a un grupo de empresas que no sólo están relacionadas entre sí, sino que también estaban vinculadas al propio juez.

Estafa contra la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública fueron los delitos que se le imputaron.