La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó los procesamientos de los 17 imputados en la causa que se investiga el incendio ocurrido en 2014 en el galpón de la firma Iron Mountain, en el que fallecieron diez bomberos y personal de Defensa Civil.

La decisión judicial fue tomada por la Sala VI de la Cámara, que además revocó los sobreseimientos de tres de los involucrados, y procesó a uno de ellos y dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El incendio en el depósito de Iron Mountain, ubicado en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, ocurrió el 5 de febrero de 2014 alrededor de las 8 a esa hora se disparó la alarma de incendio de dos sectores.

Tres personas que se encontraban en el lugar intentaron combatir el fuego, pero ante la magnitud del incendio dieron aviso al 911, que movilizó a distintas dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la Policía Federal, de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.

Tras comenzar las tareas para extinguir el incendio, un grupo de bomberos ingresó al predio por Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de Melchor Gaspar de Jovellanos.

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Pasadas las 9, la pared que daba a la calle Jovellanos se desplomó encima del comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y del agente bombero Juan Matías Monticelli, quienes fallecieron en el acto junto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi, quien murió murió días después, el 17 de febrero, como consecuencia de múltiples traumatismos.

Unos meses después, el 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de porteño comenzó a desmantelar los escombros del depósito y las labores se extendieron, debido a que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material recolectado.

En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional.

Sin embargo, restaba el estudio de los facultativos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, tras lo cual se efectuó una inspección ocular en las ruinas del predio.

El 2 de febrero de 2017, la fiscal Monteleone, requirió la indagatoria de los entonces 32 imputados, las cuales comenzaron en mayo de ese año. Simultáneamente, el juez Pablo Ormaechea, formó incidentes de prescripción respecto de dos funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina y el apoderado de la firma, y corrió vista a la fiscal, quien se opuso a ello.

El 5 de marzo de 2018, Ormaechea dispuso el procesamiento y sobreseimiento de varios imputados, decisión que fue apelada por la representante del Ministerio Público y parte de las defensas, celebrándose una serie de audiencias ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Ahora y al resolver la cuestión, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto y Magdalena Laiño Dondíz -quien votó en disidencia- confirmaron los procesamientos de 17 personas y los embargos oportunamente dispuestos.

La medida alcanza al empleado que se desempeñaba como personal de seguridad del depósito, en el momento del siniestro, el gerente y el encargado de seguridad e Higiene de Iron Mountain, el gerente general de la firma y el Director Técnico de la empresa “Climate, Controls & Security S.A.” (ex Kidde Argentina S.A.) quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito.

También se confirmaron los procesamientos de cuatro funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna.
Igual temperamento se adoptó respecto del Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, del Director de Industrias y Otros Locales, de la Directora General de Fiscalización y Control, de la Jefa del Departamento de Programación Operativa, posteriormente renombrado como Subgerencia Operativa de Programación Operativa.

Los camaristas también mantuvieron los procesamientos de los dos encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control y de los dos responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa del G.C.B.A.

Por otra parte, los camaristas revocaron el sobreseimiento y decretaron la falta de mérito respecto del inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain, al tiempo que anularon la decisión previa en relación a un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA y lo procesaron en orden al delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de lesiones culposas.