El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó a penas de hasta 9 años de prisión a seis policías bonaerenses y siete civiles, por la explotación sexual de mujeres cis y mujeres trans en el denominado Camino de Cintura, en el partido de Lomas de Zamora.

El Ministerio Público Fiscal logró acreditar que la organización explotó económicamente al menos a 19 víctimas entre febrero de 2015 y el 10 de marzo de 2017 en la zona de la Ruta Provincial N°4, Camino de Cintura, entre la rotonda de Llavallol y la calle Seguí de esa misma localidad.

La fiscalía señaló, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que la organización se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de mujeres cis (personas cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son el mismo) y trans, a raíz de su necesidad económica apremiante.

Los efectivos de la Comisaría 4ta de Lomas de Zamora y los civiles cobraban a las víctimas diariamente una suma a cambio de realizar el ejercicio de la prostitución en el lugar, concurrieran o no, y de localizarlas en los sitios que les eran indicados. Las sumas abonadas por víctima por día oscilaron entre 250 y 400 pesos y llegaron hasta 500 pesos.

Los jefes de la seccional en distintos períodos Héctor Mario Coquean, Félix Nicolás Breglia y Javier Alejandro Caffarena y la jefa y el jefe de gabinete de estos últimos, Claudia Yamila Ferrando y César Ricardo Pérez, respectivamente, fueron condenados y condenada como coautores del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial.

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Coquean recibió 9 años de prisión; Breglia y Ferrando, 8; y Caffarena y Pérez, 5. Todos además recibieron una pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por diez años y a la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia.

"Se trató de una organización delictiva compuesta por funcionarios policiales, con intervención de civiles, que, aprovechando esa función montaron un sistema de explotación sexual de mujeres cis y mujeres trans, que logró su propósitohabía remarcado el Ministerio Público Fiscal en su acusación.

Y agregó: "al respecto, si bien no se sostiene la acusación por el delito de trata, tal como ha sostenido la fiscalía de instrucción, no podemos dejar de señalar que la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, habitualmente, es directamente funcional a la trata de personas".

Los otros policías condenados fueron Jorge Abel Virreira y Patricio Miguel Kearney, a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, y a una pena de inhabilitación de 10 años para el ejercicio de cargos públicos.

Virreira fue encontrado responsable del mismo delito agravado por el que recibieron pena sus superiores y también fue condenado a realizar un curso de capacitación y sensibilización en género. Mientras que el séptimo efectivo acusado, Kearney, fue condenado solo por el delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización.

La Fiscalía General informó que en otro tramo de la causa todavía no elevado a juicio, a Kearney se le imputa también el delito de trata de personas.

En tanto, los civiles condenados a penas de prisión fueron Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez y Manuel Antonio Marín Trujillo, quienes recibieron penas de 8, 7 y 6 años de prisión, respectivamente, y Javier Omar Santoro, José Mario Ponce, Damián Ariel Romero y Carlos Eliseo Amaya, a quienes el tribunal impuso tres años de prisión en suspenso.

De acuerdo con la sentencia, todos ellos también tienen la obligación de realizar un curso de capacitación y sensibilización en género y violencia, y en el caso de Pérez, el tribunal unificó una condena recibida con anterioridad por otro delito y lo impuso la pena única de 9 años de prisión.

El debate oral había comenzado el 10 de septiembre de 2021, y además el tribunal dispuso el decomiso del dinero en efectivo y de divisas secuestrados oportunamente a los ahora condenados, como también de los teléfonos celulares que utilizaban, de una veintena de armas de diferente calibre y potencia halladas en poder de algunos integrantes de la organización, y de vehículos automotores.

En función del pedido del fiscal Schapiro, estos bienes fueron puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su venta y el dinero, tanto el secuestrado como el producto de la venta, remitido al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, destinado a la reparación de las víctimas.