La familia de la segunda joven fallecida en la tragedia de Beara, el derrumbe de un entrepiso en un boliche en el barrio porteño de Palermo en 2010, también apeló la absolución de los funcionarios públicos que habían sido acusados por su presunta responsabilidad en la habilitación irregular del lugar.

Alberto Provedo, el padre de Leticia –quien murió junto con Ariana Lizarraga por el derrumbe- reclamó “la celebración de un nuevo juicio oral” a cargo de otro tribunal oral, diferente del que dispuso condenas sólo para los empresarios que regenteaban el lugar y absolvió a todos los demás imputados.

El Tribunal Oral número siete, al emitir su fallo, anuló el alegato acusatorio de la querella que representa Provedo, a cargo del abogado Omar Benabentos.

La apelación reclama también que se “declare la validez de la acusación de esta querella, tome los agravios expresados en este recurso contra las absoluciones pronunciadas y dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión con las condenas del modo y forma que han sido solicitadas”.

“El decisorio al que se arribó está preñado de invalidez por cuanto al declarar la nulidad de la acusación formulada por esta querella no abordó las razones expuestas en la requisitoria de elevación a juicio y en el alegato, por la que perseguía la condena de los funcionarios estatales”, advirtió el escrito de 280 páginas.

“Se violó la igualdad procesal de las partes en el debate. No se han respetado por el Tribunal lo dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su interpretación de esas normas por la Corte Interamericana -que es vinculante para los tribunales nacionales- y también se han violado artículos de la Constitución Nacional”, añadió.

Provedo reconoció los trastornos que su planteo podría generarle a su propia familia, que lleva 12 años reclamando justicia.

“Soy plenamente consciente que la reproducción de un nuevo juicio y debate oral, supone para mí, como víctima, una grave revictimización y agrediría una de las garantías centrales de todo proceso judicial: la y obtener un pronunciamiento en un plazo razonable”, subrayó.

Para evitar esa situación, propuso como alternativa que “se ingrese en la instancia Casatoria en el fondo de la cuestión y, consecuencia, la Sala anule la sentencia y dicte un pronunciamiento condenatorio”.

Para ese caso, Provedo pidió para los ex funcionarios Diego Farrel, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky la pena a cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo e inhabilitación por el doble de tiempo o, en su defecto, tres años de prisión, que es lo que había pedido la fiscalía durante el juicio.

“Es imperioso que los funcionarios públicos integrantes de la cúpula de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes con su imprudencia provocaron la muerte de mi hija, sean alcanzados con los reproches penales, por el directo nexo causal entre sus conductas y la muerte de Leticia”, resumió.