El tribunal oral número siete condenó sólo a los empresarios que regenteaban el boliche Beara, en el que en 2010 se derrumbó un entrepiso causando la muerte de dos jóvenes, a tres años de prisión en suspenso.

Los ex funcionarios del gobierno porteño y policías federales que llegaron imputados a juicio fueron absueltos.

El fallo consideró que no existieron coimas pagadas por los empresarios a funcionarios y policías y dispuso las condenas sólo por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron como consecuencia del derrumbe de un entrepiso en el local, que en los hechos funcionaba como una suerte de Cromañón en escala.

El lugar estaba habilitado para fiestas privadas pero la investigación determinó que había shows en vivo, baile y se cobraba entrada a los concurrentes.

El tribunal anuló los alegatos de acusación que habían formulado las querellas que representaban a las dos víctimas mortales y sólo admitió la acusación del fiscal Oscar Ciruzzi.

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Los condenados fueron los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Iván Fliess y Gustavo Amaru (maestro mayor de obras que avaló el entrepiso) a tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación.

En tanto, fueron absueltos el comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, así como los funcionarios Martín Farrell, ex director General de Habilitaciones y Permisos; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, ex jefe del Departamento de Esparcimiento e Isaac Rasdolsky, ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones.

Para todos ellos, el fiscal había pedido penas.

También fueron absueltos, pero por no mediar acusación, Maximiliano Fratino, co-organizador del espectáculo que se realizó la noche de la tragedia en el boliche; Agustín De Grazia, encargado de Beara; Leandro Camani y Matías Pantarotto, gestores de la habilitación, y Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control.

Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 20 de agosto a las 20.

El tribunal dispuso además extraer testimonios para que se investigue a otras cinco personas por su eventual responsabilidad en el siniestro.

El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti.

Los hechos ocurrieron el 10 de setiembre de 2010 y si bien la causa, instruida en primera instancia por el fiscal Andrés Madrea, fue elevada a juicio en 2016, sólo llegó a la etapa de debate en febrero pasado.

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