El Tribunal Oral Criminal 1 de Dólores debe definir de cara al próximo lunes 6 de febrero cómo dará a conocer la decisión sobre los ocho rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Las opciones que está analizando son las de sólo leer el veredicto con la llamada “parte dispositiva” o bien ampliar su margen y también dar lectura de la sentencia con una breve reseña de los fundamentos de la decisión. 

Por lo pronto la decisión no está tomada y a la hora de decidirlo, los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari tendrán en cuenta también que es una sala diminuta por la gran cantidad de público que se vio en las últimas audiencias así como de la concurrencia de familiares de imputados y de la víctima.

La seguridad en el lugar es una preocupación constante del Tribunal a tal punto que se incrementó para los alegatos el personal de policía, así como del servicio penitenciario Bonaerense encargado del traslado de los imputados desde la Alcaldía de la Unidad 6 a los Tribunales, una distancia de apenas 10 cuadras. Además, se ha ampliado el varado bloqueando toda la cuadra que comprende el acceso principal a los tribunales. 

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Por todo ello es que aún no se tomó la decisión de cómo será la lectura del veredicto y si podrían darse a conocer también los fundamentos. De no ser así, a los abogados tanto de la parte querellante como de la defensa y la fiscalía se les dará por secretaría la sentencia para que a futuro puedan apelar. 

Las apelaciones que puedan hacer las partes recaerán ante la Cámara de Casación Bonaerense que no tiene plazos luego para revisar y expedirse sobre el eventual fallo que dictará el Tribunal 1 de Dolores. 

Mientras tanto, desde la Suprema Corte Bonaerense en los últimos días han emitido una resolución interna por la cual despejan del resto del trabajo al Tribunal 1. 

De esta manera, la Suprema Corte le permitió al Tribunal tener el camino despejado para escribir la sentencia y decidir si condena o no a los ocho rugbiers implicados por el crimen de Fernando. La fiscalía y el particular damnificado reclama la pena de prisión perpetua por homicidio doblemente calificado por premeditación y alevosía, en tanto que la defensa planteó un delito menor, el de homicidio preterintensional o bien por dolo eventual.