La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación tiene pendiente una resolución que podría destrabar la investigación en torno a la muerte del joven Facundo Astudillo Castro, desaparecido apenas comenzada la pandemia y hallado sin vida en un cangrejal cercano a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, luego de 107 días de búsqueda.

El máximo tribunal penal tiene a estudio una recusación formulada por los tres fiscales que intervienen en el caso, por organismos de derechos humanos y por la madre de Astudillo Castro contra la jueza María Gabriela Marrón, por temor de parcialidad.

Los fiscales Horacio Azzolin, de ciberdelitos; Andrés Heim, de la procuraduría contra la violencia institucional (PROCUVIN) y el de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, basaron su presentación sobre la sospecha de que la jueza tiene como preconcepto que Astudillo Castro se accidentó y que su deceso es ajeno a cualquier intervención policial. En la investigación hay constancias de contactos de Astudillo Castro con efectivos policiales, incluso algunas de sus pertenencias aparecieron en una comisaría en la que no está registrado su paso.

Astudillo Castro se había marchado de su casa, en la localidad de Pedro Luro, para visitar a su novia en Bahia Blanca, pero sus restos fueron hallados en cercanías de Mayor Buratovich, después de haber sido circunstancialmente detenido por efectivos policiales por violar las prohibiciones de circulación por el Covid-19.

La jueza fue recusada, entre otras razones, por aceptar un informe pericial sobre crecimiento de las mareas en el cangrejal en el que fue hallado el cadáver del joven, pese a que ella misma había delegado la investigación en los fiscales.

El peritaje en cuestión se trata de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Oceanografía (IADOCONICET), el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y el Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida CERZOS (CONICET/UNS), titulado “Análisis de los niveles de inundación por mareas en la zona Interna del Canal Principal de Bahía Blanca”.

Para los fiscales y las querellas, la conducta de la jueza “demuestra un compromiso con una sola hipótesis de trabajo, lo que motivó que se iniciara un incidente de recusación”. El informe sobre las mareas “fue impuesto al Ministerio Público”, pese a que era éste quien tenía asignada la investigación, y no la jueza, por lo que -sostiene el planteo-  “de persistir y convalidarse decisiones como la aquí atacada, se atentará irremediable y definitivamente contra el éxito de la investigación”.

La medida de la jueza Marrón y el rechazo a su recusación inicial fueron avaladas por la Cámara Federal de Bahía Blanca, en sendos fallos firmados por los magistrados Pablo Larriera y Leandro Picado.

Pero el fiscal ante la Cámara de Casación Javier De Luca, con la adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la querellante particular Cristina Adriana Castro Alaniz, madre de la víctima y representada por el abogado Leandro Aparicio, se inclinó por rechazar esa medida de prueba, lo que podría conducir también al apartamiento de la jueza Marrón.

Esa resolución, que está pendiente desde mediados de octubre pasado, es la que actualmente mantiene paralizada la investigación, más allá de que se continúan produciendo medidas de prueba en torno a las causas de la muerte de Astudillo Castro. La Sala 1 de la Casación está integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.