Alarma y profunda preocupación genera la posibilidad de que el Gobierno Nacional elimine el nomenclador del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esta medida, de concretarse, significaría un duro golpe a los derechos y la calidad de vida de este colectivo, ya que permitiría a cada financiador establecer sus propios aranceles, poniendo en riesgo la universalidad y calidad de la atención.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, se ha mostrado enfática al respecto, liderando una reunión con representantes de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. En este encuentro, se expresaron las serias inquietudes que genera la iniciativa oficial, ya que implicaría la eliminación de un marco tarifario único y consensuado, dando lugar a un escenario de disparidad e inequidad en el acceso a las prestaciones.

Los representantes de las organizaciones presentes coincidieron en que esta medida atentaría contra el principio de universalidad de la atención de calidad, consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, enfatizaron que la eliminación del nomenclador violaría el principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la misma Convención, que garantiza que las medidas adoptadas deben asegurar un mayor nivel de vida y la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se destacó la importancia de la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones que las afectan directamente, tal como lo establece el preámbulo de la Convención. En este sentido, se reclamó que se escuche la voz de este colectivo antes de avanzar en cualquier medida que pueda afectar sus derechos.

Como resultado de la reunión, se elaboró un documento conjunto que recoge las preocupaciones y solicitudes de las organizaciones presentes. Este documento será presentado a las autoridades pertinentes con el objetivo de que se reconsidere la eliminación del nomenclador y se garantice el acceso universal a prestaciones de calidad para las personas con discapacidad.

Derechos fundamentales en juego y una comunidad movilizada

Distintas organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad están haciendo un llamado a la comunidad para que se sume a la defensa de sus derechos. Se invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a expresar su preocupación por esta medida y a contactarse con la Defensoría del Pueblo o con las organizaciones de referencia para manifestar su apoyo y solicitar que se revierta esta iniciativa.

La eliminación del nomenclador del sistema de prestaciones para personas con discapacidad representa un grave retroceso en materia de derechos humanos. Es fundamental que todos levantemos la voz para defender la inclusión, la igualdad y la calidad de vida de este colectivo.