Los trabajadores de la administración pública debían regresar este lunes a la presencialidad plena, según indica el decreto del Gobierno nacional. El mismo, determinaba que, debido a la pandemia de Covid-19, se iba a implementar la modalidad de trabajo remoto.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dejaron de estar vigentes el pasado domingo (a poco más de dos años del inicio de la propagación del virus a nivel mundial), los cuales se habían establecido como parte de las medidas de cuidado para evitar los contagios en el país.

Según indicó la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, a través de la Resolución 58/2022, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial: “Cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (...) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios”.

A mediados de agosto del año pasado, habían comenzado a implementar estas medidas, cuando los empleados estatales regresaron a sus puestos de trabajo bajo un esquema mixto (tareas remotas y presencialidad programada).

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La norma sólo aplicaba para los trabajadores que habían recibido, por lo menos, la primera dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas en la Argentina para generar inmunidad contra el coronavirus.

En ese entonces, debían cumplir con las reglas básicas establecidas por las autoridades sanitarias, como el uso de barbijo y la sanitización; también la reducción del número de personas en un mismo espacio.

Actualmente, deberán seguir respetando estas recomendaciones para evitar nuevos contagios de la enfermedad y de otras respiratorias. Según explica la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, los organismos estatales tendrán que solicitarles a sus trabajadores los certificados de vacunación.

Si hay personas que no quisieron vacunarse contra el SARS-CoV-2, éstas deberán “firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten”. Aunque, deberán comprometerse a tomar los recaudos necesarios para evitar perjudicar al equipo de trabajo que integran.

Además, seguirá habiendo personas exceptuadas. Los pertenecientes a los grupos de riesgos continuarán trabajando virtualmente, siempre y cuando presenten documentación médica. Los exceptuados son las personas con inmunodeficiencias congénita, asplenia funcional o anatómica, anemia drepanocítica y desnutrición grave, con VIH (dependiendo del status) y pacientes que tomen medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis.

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También figuran los pacientes oncológicos y trasplantados (con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano sólido en tratamiento y los trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos).

La resolución, que empezó a implementarse este lunes, advierte que “aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.