El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, junto con más de 20 países, pidió "mesura" a todos los actores "sociales y políticos" a la hora de realizar apreciaciones en público sobre Venezuela. Fue por medio de un comunicado que firman países de la región, Europa y África. 

La declaración conjunta fue rubricada en Santo Domingo, República Dominicana, donde se realizó la ceremonia de juramento del presidente del país, Luis Abinader, y en la que participó la canciller Diana Mondino. 

La publicación del documento se da a pocas horas de que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, deslizara como posibilidad la repetición de los comicios ejecutivos en Venezuela, tras la polémica que desató el actual gobierno de ése país, que encabeza el presidente Nicolás Maduro, por ocultar las actas oficiales y el reclamo de fraude motorizado por la oposición. 

"A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene buen sentido, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento", sostuvo Da Silva. 

Según el texto rubricado por la Argentina, "los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela". “En este momento crucial para Venezuela y la región, todos los actores sociales y políticos deben ejercer la máxima mesura en sus actuaciones públicas".

En esa línea, continúa: "La aceptación y el respeto a la dignidad e integridad de todas las personas son los principios esenciales sobre los que se erige la convivencia entre nuestras naciones". 

"Urgimos a que se respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión", agrega. 

Además, el documenta hace énfasis en que, el contexto actual, "no es la realidad de Venezuela" y que "las denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin el debido proceso son alarmantes" e instan a "su inmediata liberación". 

"Expresamos nuestro profundo rechazo por la represión a manifestantes y por la violencia que ha costado la vida de muchos venezolanos en el contexto postelectoral. Hacemos un llamado urgente para que Venezuela ponga fin a la violencia y libere a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición", insiste. 

También pide porque se permita el ingreso "urgente" a Venezuela "de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos" y hacen un llamado "a garantizar las condiciones adecuadas para que pueda desempeñar plenamente su mandato".

A su vez, la declaración le pide al gobierno de Maduro que "cumpla con sus previsiones y expida los salvoconductos que permitan a las seis personas asiladas que permanecen en la residencia oficial de la República Argentina, retirarse de forma segura del territorio venezolano".

Para finalizar, el texto insiste en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela presente las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto para contrastar los datos que fueron publicados por la oposición, que encabezan María Corina Machado, donde más 80 por ciento de las actas electorales "arrojan un resultado distinto al publicado por el CNE". 

El documento fue firmado por los Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, República de Chile, República Checa, República de Costa Rica, República del Ecuador, Reino de España, República de El Salvador, República de Guatemala, República Cooperativa de Guyana, República Italiana, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú, República Dominicana República de Surinam, República Portuguesa, República Oriental del Uruguay, Unión Europea.