La tensión entre intendentes del AMBA y los gobernadores no cesa. Esta semana el conflicto recrudeció por el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y por el cual varios gobernadores marcaron posturas en favor de un equilibrio en el reparto de los subsidios otorgados por la Nación.    

Históricamente, el AMBA sufre por el mal reparto de la coparticipación que lleva adelante el Tesoro Nacional hacia las provincias argentinas. Los ciudadanos de esta zona tienen una diferencia negativa entre lo que aportan y lo que reciben, que se acrecienta por la sobrepoblación y la pobreza de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.  

La provincia de Buenos Aires aporta el 37% de los recursos nacionales totales y recibe el 22%, lo que disminuye la posibilidad de desarrollar el potencial del AMBA en cuestiones de salud, seguridad, infraestructura, educación, hábitat, entre otras áreas. 

Por esta razón, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, evidenció este dato. Primero, apuntó contra el Estado nacional para que corrija la cantidad de subsidios y explicó en sus redes que, desde 1996, los reiterados gobiernos nacionales están en deuda con los bonaerenses y porteños porque incumplen el mandato de crear una nueva ley de coparticipación equitativa. 

El gobernador Omar Perotti, de Santa Fe, llamó “privilegiados” a los habitantes del AMBA. Otra cara conocida que se sumó a la crítica fue la de Gerardo Morales, de Jujuy, que apuntó contra los subsidios al transporte público y defendió la quita de fondos. Por su parte, Sergio Uñac, gobernador de San Juan, tildó a los bonaerenses de “ciudadanos de primera”. 

Valenzuela no la dejó pasar y volvió a atender el teléfono: “Es hora de terminar con la desigual distribución de los recursos y la coparticipación que tanto discrimina a los bonaerenses”. De un total de los dólares que generaron los agrobonaerenses en exportaciones en el 2021, el 30%, que contabilizan algo más de 3000 millones de dólares, son retenciones y derechos de exportación que se queda el Estado. 

Si esos recursos retornan a la provincia de Buenos Aires y se coparticiparan, según lo establecido por la ley 10.559, los municipios bonaerenses tendrían que haber recibido 45.000 millones de pesos más por año. El intendente asegura que se debe crear una ley de coparticipación equilibrada, justa y que reconozca los esfuerzos de cada una de las provincias que constituyen el Estado Federal, evitando desigualdades como la que sufre Buenos Aires.