El juez Germán Castelli, cuya continuidad en el tribunal oral que debe celebrar el juicio oral por la Causa Cuadernos está cuestionada por un “traslado” durante el gobierno de Mauricio Macri, denunció un “comportamiento discrecional y arbitrario” del Consejo de la Magistratura ante su reclamo por permanecer en el cargo.

Mediante un escrito presentado ante la Corte Suprema, Castelli calificó de “escandaloso” lo ocurrido en una sesión de la Comisión de Selección del Consejo del 15 de julio pasado.

Allí, sostuvo, existió un  “ocultamiento deliberado de casos de traslados” de otros jueces, en situaciones similares a la suya, “para ponerlos a resguardo” de un fallo de la Corte que dictó la inconstitucionalidad de ese mecanismo de pases de jueces de un tribunal a otro.

Ese mecanismo se utiliza desde antiguo en el Poder Judicial, pero durante el gobierno de Macri surgieron cuestionamientos porque los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron trasladados a la Cámara Federal e intervinieron de manera decisiva en causas por presunta corrupción de funcionarios del gobierno 2003-2015.

Castelli era juez de un tribunal oral federal bonaerense y fue trasladado a uno de la Capital Federal, al que le fue atribuida la Causa Cuadernos.

Su caso está aún pendiente de resolución en la Corte Suprema y, en ese contexto, el magistrado denunció que el Consejo aplica en su caso un criterio distinto a otras situaciones similares.

“El descaro del organismo con creencia de inmunidad alcanza el paroxismo jurídico cuando no trepida en avanzar, tras el fallo Bertuzzi y desde su imaginaria isla normativa, con el concurso 442 destinado a ocupar vacantes en Cámara Nacional Civil y Comercial Federal de Capital Federal”, advirtió Castelli en su escrito.

En dos salas de ese tribunal deberían producirse los regresos de dos jueces que también fueron trasladados, aunque en gobiernos anteriores al de Macri.

Castelli también mencionó el caso de la jueza federal porteña María Servini, quien “fue trasladada mediante decreto de fecha 5 de noviembre del 1990 desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 22 de CABA”.

Según el Fallo Bertuzzi de la Corte, Servini también debería –de acuerdo con la interpretación de Castelli- regresar al juzgado que ocupaba originalmente.

“El oscuro comportamiento institucional del Consejo de la Magistratura, altamente dañino para la democracia republicana, interpela con urgencia al Poder Judicial sobre la constitucionalidad de su conformación con inaudito predominio de los estamentos políticos, tan dañino para su función primordial”, embistió el juez.

Castelli tiene pendiente de resolución en la Corte Suprema un planteo para que se ratifique su designación por traslado en el tribunal oral federal número siete y, hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie, continúa actuando como integrante de esa instancia aunque con carácter provisorio.