Poco han dicho los mandatarios que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en  su reciente reunión en Brasilia acerca del accionar violento de pandillas, como las que dominan los barrios pobres de Rosario en Argentina, comandos armados organizados, los que mandan en las favelas brasileñas, o grupos de sicarios como los que se mueven por las calles bolivarianas de Caracas en Venezuela.

El crimen organizado continúa extendiendo sus tentáculos en todos los lugares que puede y donde logre obtener algún rendimiento por realizar actividades ilícitas.

América del Sur nunca ha descollado en el contexto internacional por sus prácticas anticorrupción y esta realidad es otra de las deudas que los regímenes democráticos, que se han sucedido en el poder en varios países de la región, no han logrado nunca mejorar.

Los resultados están a la vista.

Un balance de los asesinatos y desapariciones de personas de algunas naciones que integran la UNASUR debería escandalizar. Este club de países lo integran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Y, precisamente, en el podio de la inseguridad, medida cada 100.000 habitantes, figura la República Bolivariana de Venezuela que preside el autócrata Nicolás Maduro.

Según datos oficiales del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) entre homicidios verificados, asesinatos policiales, muertes que aún están bajo investigación y desapariciones se produjeron 40,4 casos cada 100.000 venezolanos en 2022.  Si las desapariciones no se incluyeran en este cálculo, la tasa general se reduciría a 35,3 por cada 100.000 habitantes. 

Según el OVV, en 2022, hubo un total de 9.367 muertes violentas, es decir, un promedio de 26 por día. Cinco de los siete estados con las tasas más altas se ubican en la zona centro-norte del país, donde se encuentran algunas de las regiones más afectadas por la violencia de pandillas de Venezuela.

Entre dichos estados se encuentran algunos como Aragua, lugar de origen de la pandilla más conocida de Venezuela, el Tren de Aragua, integrados por delincuentes ultraviolentos, similares en su accionar a las Maras centroamericanas que se dedican a secuestros y extorsiones.

Los pandilleros de el Tren de Aragua se están convirtiendo en una amenaza pública en Perú, Chile y Ecuador. Fundada en Venezuela en el año 2014, fue ideada por sus líderes un año antes en las cárceles venezolanas. Armados hasta los dientes, pelearon por territorio contra bandas organizadas en Perú y su radio de acción involucra delitos como, narcotráfico, sicariatos, extorsiones, secuestros, robos, asaltos, estafas, lavado de dinero, trata de personas, proxenetismo, venta ilegal de armas, tráfico de migrantes, minería ilegal de oro y en muchos otros delitos más.

Pero no todos los males de la inseguridad recaen en la Venezuela de Maduro.

En Colombia, gobernada por el economista de izquierda Gustavo Petro, la situación no mejora desde la salida de la pandemia de Covid-19. Con una población de 51.516.562 se registraron de manera oficial, 26,1 personas asesinadas cada 100.000 habitantes durante el año pasado.

La Policía Nacional de Colombia no pudo ofrecer mejores cifras si se las compara con el 2021. El año pasado se registraron en total 13.442 homicidios, un promedio de 26,09, cifra similar al del año anterior de 26,8 por cada 100.000 habitantes.

El sitio de investigación periodística insightcrime.org explicó que “las tasas más altas de homicidio se presentan en las regiones donde hay un mayor número de grupos armados”. 

Las regiones de Arauca, Putumayo, Cauca, Chocó, Guaviare y Valle del Cauca son los departamentos donde hay una mayor concentración de homicidios. “Algunos de ellos son corredores estratégicos de narcotráfico en los que los grupos criminales se disputan las rentas y el control”. 

A lo que hay que agregar el accionar del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como ex-FARC Mafia, que se disputan el control de Arauca desde 2022. “…la extorsión y el control territorial han avivado la disputa que ha dejado decenas de muertos”, explica el informe.

El país que sube por el ascensor en materia criminal es Ecuador. Durante dos años seguidos tuvo una de las tasas de homicidios de  más rápido crecimiento en la región.

El país andino con una población de 17.797.737 habitantes, está siendo castigado por el accionar pandillero que distribuyen cantidades notables de cocacaína proveniente de su vecina Colombia y registró en los últimos meses 4.603 asesinatos según una investigación periodística del medio Primicias.

En 2022 se registraron 25,9 crímenes por cada 100.000 habitantes que representa en porcentajes un increíble aumento del 82% con respecto al 2021.

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Los expertos culpan de esta situación a la violencia asociada al narcotráfico. Dos federaciones de pandillas, lideradas por las bandas rivales: los Choneros y los Lobos, se vienen matando en su lucha por el control de la infraestructura vital para el narcotráfico, incluido el puerto marítimo de Guayaquil.

Brasil, país anfitrión de la reciente reunión de la UNASUR, con la población más grande del sub continente, 214.326.223 habitantes, ha logrado mejorar mínimamente sus números violentos sobre el final de la administración de Jair Bolsonaro.

Brasil experimentó una ligera disminución del 1% en los homicidios en 2022 sobre 2021, pues se registraron 40.800 asesinatos, según datos del Índice Nacional de Homicidios elaborado por el grupo de medios, Globo. En 2021, el país registró 41.069 homicidios, según el mismo reporte. La cuenta  para el 2022 indica que existieron 19 asesinatos cada 100.000 habitantes.

El noreste de Brasil, que por mucho tiempo ha sido el epicentro de la violencia de las facciones del crimen organizado que se disputan el control de las rutas de narcotráfico hacia Europa, experimentó una caída del 2,2% en los homicidios.

Sin embargo, el estado con la tasa de homicidios más alta del país (35,3) fue Pernambuco, al noreste del país, uno de los estados cuyos pobladores quedaron atrapados en una ola de violencia que se extendió  desde 2015 a 2017, por causa de la campaña de expansión del Primer Comando de la Capital o PCC.

InsightCrime detalla que la región de Mato Grosso, estado fronterizo con Bolivia, experimentó un aumento del 24 % en los asesinatos, el más alto a nivel nacional.

En Mato Grosso se abrió un frente de batalla de la guerra del PCC con sus rivales de Río de Janeiro, el Comando Vermelho (CV) por el control de la lucrativa ruta de la cocaína entre Bolivia y Brasil.

Organizaciones de derechos humanos también se han focalizado en el desempeño de las fuerzas policiales brasileñas. Si bien en 2022 disminuyeron las muertes por “gatillo fácil”, miles de brasileños continúan siendo asesinados por fuerzas de seguridad.

En Uurguay, con una promedio de 11,2 asesinatos cada 100.000 habitantes de un total de 3.426.260 personas, se vive una situación de sube y baja.

En Uruguay se registraron 383 homicidios en 2022, según  el Ministerio del Interior de esa nación. Esta cifra representa un aumento del 25% con respecto a los homicidios de 2021, según reportaron las autoridades políticas y se traduce en retroceso frente a la disminución en los homicidios lograda en el año 2021.

Para el Presidente Luis Lacalle Pou, que viene de sostener una polémica abierta con su par brasileño Lula Da Silva en la reunión de la UNASUR por el carácter poco democrático del gobierno venezolano, “…es evidente quiénes son los culpables. Estamos viendo una violencia muy vinculada al negocio del narcotráfico, una violencia entre bandas”, que se ha desatado por el control de la ciudad capital, Montevideo.

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Por su parte, Chile está viviendo los meses más violentos en años.

Con una población de 19.493.184 habitantes los homicidios crecieron más del 32% en 2022 con respecto al 2021 llevando a un promedio de 4,6 crímenes por cada 100.000 habitantes.

Las cifras policiales muestran que se cometieron 960 homicidios en 2022, en comparación con 726 del año previo. Para los funcionarios de la administración de Gabriel Boric, la situación no se puede comparar  porque se toman como  parámetro los años de la pandemia. “Las alzas registradas en 2022 son irregulares, porque a medida que la cotidianidad ha ido retomando, también se ha ido normalizando la cantidad de delitos que ocurrían antes de la pandemia”.

Sin embargo, reportes periodísticos indican que las razones hay que buscarlas en males como el tráfico de personas que migran de sus países de origen y que domina la banda Tren de Aragua además de los clanes que dominan el narcotráfico que se ha expandido de norte a sur así como el accionar de las pandillas que roban cobre.

Finalmente, la situación en Argentina ha empeorado. Y, con pocos datos oficiales, los medios nacionales como NA llevan una contabilidad asombrosa acerca de la violencia que sucede en Rosario, provincia de Santa Fe donde los clanes narcos dirimen sus diferencias a tiros utilizando sicarios.

Ajustes de cuentas entre bandas rivales y crímenes sin resolver también suceden en el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, los barrios de Tucumán y en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero, Rosario sangra. En 2022 hubo 406 víctimas, el mayor número desde 2015, la tasa de homicidios provincial tocó los 11,31 por cada 100.000 habitantes y todo indica que el presente año cerrará con un número horroroso similar.

Rosario cuadriplicó el promedio nacional de homicidios y la ola criminal se desató, entre otros factores, por la rivalidad entre los clanes narcos de Los Monos y el Clan Alvarado, que llevaron esa guerra a otras ciudades de Santa Fe y a provincias limítrofes.