Una senadora bonaerense del PRO presentó un proyecto para derogar la VTV en la Provincia
Aldana Ahumada tiene la iniciativa de que Verificación Técnica Vehicular deje de ser obligatoria en Buenos Aires, ya que el monto para realizarla es de $44.000 para vehículos livianos.
Aldana Ahumanda, senadora provincial del PRO, presentó un proyecto para que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) deje de ser obligatoria debido a que el monto para realizarla subió a $44.000 para vehículos livianos.
El documento presentado, que contiene las firmas de Ahumada y sus colegas Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, sostiene que la VTV “no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito y representa una carga económica desproporcionada” para los automovilistas.
La iniciativa pretende que el control de los vehículos usados se rija “por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449” y así agrupar los criterios de verificación con la regulación nacional porque el sistema que existe en la Provincia es “obsoleto e ineficiente”.
“La VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su estado real de mantenimiento. Esto obliga a propietarios de vehículos en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, no resulta necesario”, indicó.
En uno de los ítems del texto, se refirió al tema de Seguridad Vial y señaló que no sólo debería incluir la verificación del vehículo, sino también las mejoras en infraestructura de calles, caminos y rutas.
“Sin una inversión adecuada, cualquier esfuerzo en controlar los vehículos será insuficiente para reducir los siniestros viales”, aseguró.
Por otra parte, el proyecto hace referencia a los desperfectos mecánicos de los automóviles y sostiene que “representan menos del 1% de las causas” en los accidentes vehiculares en el país, debido a que “factores humanos como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el consumo de alcohol” son las causas principales.
Para finalizar, Ahumada indicó que la obligatoriedad de la VTV tuvo “un impacto negativo” en los sectores que dependen de los vehículos para trabajar, como el transporte y las PyMEs.
"El aumento en los costos de la verificación ha repercutido en sus costos operativos, afectando su competitividad y capacidad de desarrollo, lo que, a su vez, ha generado aumentos en los precios de bienes y servicios en la provincia”, concluyó.