El juez Ercolini quedó finalmente a cargo de la investigación sobre el falso abogado Marcelo D'Alessio
La Cámara Federal porteña definió un largo conflicto de competencia entre tres jueces y resolvió que lo que resta de la investigación pase al juzgado federal número diez, donde el fiscal Stornelli es querellante en una denuncia que formuló contra D'Alessio y ex funcionarios kirchneristas.
La investigación por las actividades ilegales del falso abogado Marcelo D’alessio quedaron a cargo del juez federal Julián Ercolini, según un fallo unipersonal de la Cámara Federal porteña.
Esa postura fue sostenida desde el inicio de la causa por el fiscal Carlos Stornelli, uno de los imputados en relación con D’Alessio, quien a su vez es querellante en un expediente conexo que tramita desde principios de 2019 en el juzgado de Ercolini.
Se trata de la causa conocida como “Puf Puf”, en la que el fiscal denunció que es víctima de una maniobra de ex funcionarios kirchneristas y el propio D’Alessio para perjudicarlo a él e impactar en la Causa Cuadernos.
Así, Stornelli tendrá el doble rol de imputado y querellante, es decir investigado por su presunta relación con D’Alessio y, al mismo tiempo, acusando al falso abogado por haberlo involucrado falsamente en un delito.
El camarista Pablo Bertuzzi puso fin a una puja entre tres jueces (Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti y Ercolini), quienes rechazaron sucesivamente hacerse cargo de la causa que tramitó durante tres años en el juzgado federal de Dolores pero pasó a Comodoro Py por decisión de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.
“Examinado el planteo suscitado se advierte que ambas encuestas se hallan estrechamente vinculadas entre sí, en cuyo sentido resulta conducente que las pesquisas avancen bajo la dirección de un mismo magistrado”, sostuvo el camarista Bertuzzi.
“Los puntos de contacto que se vislumbran entre ambas actuaciones permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto, a los fines de esclarecer en mejores condiciones los extremos aquí investigados y llevar adelante un análisis global de la prueba producida”, añadió.
Bertuzzi debía definir entre Capuchetti y Ercolini quién se quedaría con lo que queda por delante de la investigación.
“Con relación a la sede que deberá proseguir con la investigación, tal como lo viene sosteniendo el Tribunal, la solución que mejor se ajusta a los parámetros establecidos en el código es que el juez que primero tomó conocimiento de los hechos sea el que avance con el trámite de la pesquisa”, terció en favor de Ercolini.
El expediente sufrió en las últimas horas una nueva complicación: la Cámara Federal de Mar del Plata envió a su par porteña, sin resolver, todas las apelaciones formuladas contra la última decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, entre ellas varios procesamientos y ampliaciones de procesamientos de imputados.
En esa situación están varios de los imputados periféricos de las maniobras atribuidas a D’Alessio, pero quedaron excluidos –por ejemplo- el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro. El abogado Rodrigo González, procesado por Bava, apeló la medida y todas las partes (querellas, fiscalía e imputados), con excepción de la Unidad de Información Financiera (UIF) coincidieron en que debía ser sobreseído.
Pero la UIF es querellante ante los casos de “lavado”, y en la parte de la causa que investiga presunto lavado de unos 500 millones de euros a través de un grupo de Whatsapp denominado “Buenos Aires” el abogado González no sólo no está involucrado sino que ni siquiera integra el listado de quienes en algún momento estuvieron bajo investigación.
La Cámara de Mar del Plata se aprestaba a definir los planteos que quedaban pendientes cuando su superior jerárquico, la Casación, le quitó la competencia.
“La autoridad del Tribunal Superior, en este Caso la Cámara Federal de Casación Penal, así como innegables razones de economía procesal íntimamente vinculadas a una rápida y adecuada administración de justicia, conducen a respetar la doctrina allí establecida”, sostuvo el tribunal marplatense.
Esas circunstancias –añadió- “ameritan que, consecuentemente, se remitan las presentes actuaciones en el estado que se encuentran al Juzgado Federal de la ciudad de Dolores, a fin que el Magistrado gire el caso a quien -en definitiva- resulte competente para entender sobre la cuestión ventilada en este legajo”.
Todo indica que la causa quedará radicada ante la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi.