El gobierno de Alberto Fernández ha enviado una ley que se trataría esta semana en Diputados. Dice que es para "cuidar la salud y la vida". Pero no es así.

Si uno lee el articulado va a encontrar que recomienda "el uso de barbijos, distanciamiento social de 2 metros, lavarse las manos o ventilación", cuando ya la pandemia lleva más de un año.

Y no propone ninguna medida para que los empresarios del transporte garanticen el servicio con distanciamiento social o evitar que millones viajemos como ganado.

Si de salvar vidas se trata ¿qué dice el proyecto sobre las 24 millones de vacunas que se producen mensualmente en Garín y se van a Estados Unidos? Nada.

¿Por qué no dispone su incautación, procediendo a envasarlas acá e inmunizar a millones cuando solo el 3% de la población tiene las dos dosis y no se ha vacunado a todo el personal de salud, ni que hablar del docente?

Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad presentamos un proyecto para declarar al laboratorio Mabxience de utilidad pública. Ésa sería la única manera de salvar vidas.

Además, la ley no dispone centralizar el sistema de salud que permitiría combatir en mejores condiciones la segunda ola.

Tampoco un aumento del presupuesto en Salud o en los salarios de los profesionales y trabajadores del sector, para no obligarlos al pluriempleo. Ni un IFE de $40.000 para "proteger la vida" de los más vulnerables.

Pero el presidente sí se reunió con la titular del FMI para pagar la sideral deuda que contrajo Mauricio Macri.

El proyecto, a su vez, busca una normativa nacional para definir cuándo suspender las clases presenciales después de la pelea con Horacio Rodríguez Larreta tras el fallo de la Corte Suprema.

Pero cambia los parámetros epidemiológicos internacionales que apoya la Sociedad Argentina de pediatría, que indican la virtualidad escolar cuando haya más de 150 casos cada 100.000 habitantes.

Fernández quiere que sean cuando superen los 500, es decir cuando haya un pleno colapso. Y exceptúa de la ley a las escuelas especiales, mientras abre las escuelas para que docentes y estudiantes vayan a utilizar las computadoras, en vez de garantizar la gratuidad de la conectividad para estudiantes y docentes y repartir computadoras y celulares para todas y todos.

La ley también dispone aplicar el Código Penal a quienes "cometan infracciones" ante las restricciones, cuando sabemos que el peso de la ley y el accionar policial siempre recaen sobre el pueblo trabajador y los jóvenes, no contra los grandes empresarios que aumentan los precios, despiden o pagan salarios de miseria.

Juntos por el Cambio critica la ley. Los mismos que fomentaron las marchas anti-cuarentena y obligan a docentes y estudiantes a ir a las escuelas y contagiarse en donde gobiernan.

Para cuidar la salud y la vida hay que tomar medidas de fondo como postulamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Por eso denunciamos este proyecto de ley que el Gobierno usa para lavarse la cara en un año electoral.

(*) - Juan Carlos Giordano es diputado nacional de Izquierda Socialista.