El titular de la fiscalía especializada en delitos con armas de fuego y explosivos, Gabriel González Da Silva, inició una “investigación preliminar” sobre el envío de pertrechos para las fuerzas de seguridad que tomaron el poder en Bolivia en 2019 y proclamaron como presidenta de facto a Yanine Añez.

La iniciativa incluye el requerimiento de información a la Presidencia, a distintos ministerios y a la Gendarmería Nacional, para “comenzar a colectar elementos que permitan dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible”.

La investigación preliminar no avanza sobre eventuales responsabilidades penales sino que busca “determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes”.

González Da Silva, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), impulsó de oficio la pesquisa, “en atención a los graves sucesos que han trascendido públicamente entre ayer y hoy”.

Mediante una comunicación oficial, el Ministerio Público Fiscal circunscribió los hechos a “la puesta en conocimiento al Gobierno argentino por parte de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la presunta entrega a ese país de ‘material bélico de agentes químicos’, operatoria que habría resultado irregular”.

La investigación, que es el paso previo al inicio formal de una causa penal, tomó como referencia “la misiva que le habría cursado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a su par Boliviano, Luis Arce Catacora”.

De allí –añade la información- se desprende que el armamento presuntamente proporcionado a las autoridades de facto de Bolivia “habría coadyuvado ‘con las fuerzas que perpetuaron el Golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional del presidente Evo Morales’”.

La investigación preliminar busca “determinar la posible comisión de delitos de acción pública, que ameriten ser denunciados a la justicia federal”.