Una causa por presunta presión a un banquero para despojarlo en la dictadura quedó a punto del cierre
Se trata de un exfuncionario bancario que denunció que fue secuestrado y torturado para obligarlo a ceder acciones de un banco que tenía caucionadas acciones de la aerolínea Austral.
La Cámara Federal de Casación rechazó el pedido de los hijos de un ex banquero que denunció que fue secuestrado durante la dictadura para quitarle la entidad financiera en la que tenía caucionadas acciones de la empresa Austral, que el régimen quería estatizar.
El máximo tribunal penal ratificó un fallo de la Cámara Federal de diciembre del año pasado que había rechazado “la solicitud de continuar la querella constituida por Eduardo Ezra Saiegh recientemente fallecido”, que habían formulado sus familiares directos Martín Alberto Saiegh, Guido Aaron Saiegh y Marina Saiegh.
El año pasado, la Corte Suprema ya había anulado un fallo que admitía la denuncia de Eduardo Ezra Saiegh, quien sostuvo que fue secuestrado el 31 de marzo de 1980, cuando tenía 37 años de edad.
Saiegh narró que fue torturado hasta que firmó la cesión de las acciones del Banco Latinoamericano y de las acciones de Austral, en crisis económica y a punto de ser estatizada por la dictadura.
La denuncia apuntó al ex vicepresidente del Banco Central Alejandro Reynal, ya que uno de sus primos, William Reynal, era la cabeza de Austral y "no quería judíos en el sistema financiero", denunció Saiegh.
La Corte había sostenido que “no se encuentra acreditado en autos que Saiegh hubiera integrado la parte de la población civil argentina que resultó destinataria del plan sistemático y generalizado implementado por la dictadura”.
Así, la causa quedó malherida y en diciembre pasado el denunciante falleció, lo que fue advertido por noticias periodísticas por el juez de la Casación Carlos Mahiques.
Los sucesores de Saiegh intentaron continuar adelante con la querella, pero ello les fue rechazado en todas las instancias y ahora los jueces de Casación Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Daniel Petrone declararon inadmisible una última apelación.
Si bien todavía queda un recurso pendiente en esa instancia, aquel pronunciamiento de la Corte que relativizó que “los hechos que lo pudieran haber damnificado hayan sido crímenes de lesa humanidad” tiene hoy a la causa al borde de la declaración de prescripción por el paso del tiempo.