Finalmente se lograron alcanzar el acuerdo la mayoría de los Diputados de la Nación en pos de impulsar la media sanción al ya famoso proyecto de ley de refinanciación de deuda con el FMI que lo único que especifica es sus escasos párrafos es la autorización que se le otorga al gobierno nacional para refinanciar los pagos con el organismo de crédito internacional. Fueron días frenéticos en las negociaciones legislativas para intentar alcanzar un acuerdo que va a resolver absolutamente nada. Se le dio muchas más relevancia y énfasis a esto que a la búsqueda de consensos para lograr reformas estructurales, un Presupuesto 2022 digno de debate o cualquier otra cuestión que haga que Argentina pruebe intentar salir de su abultada decadencia.

Aquí poco importan las implicancias del acuerdo con el FMI. Lo verdaderamente destacable es que la mayoría de la política argentina no entiende bien qué es lo que está pasando. Mientras la economía asfixia a todos, luego de aprobar en Diputados el acuerdo con el FMI (al menos la refinanciación) lo primero que el oficialismo deja filtrar a los medios de comunicación es que efectivamente están evaluando elevar las retenciones a las exportaciones. Ya lo dijo exultante el Presidente, Alberto Fernández: en Argentina no habrá ni reforma laboral, ni reforma previsional, ni disminución del gasto público. Por lo que si nada va a cambiar pero se desea cumplir con el paulatino descenso del déficit fiscal, indefectiblemente el camino elegido por el gobierno ha sido el de aumentar progresiva e incansablemente los impuestos. 

No entender que la presión impositiva es tan elevada que por cada peso en que se siga incrementando generará indefectiblemente más economía informal, menos inversión, menos empleo y mayor estancamiento, es no entender absolutamente nada de lo que está ocurriendo en cada una de las personas y empresas que intentan todos los días sobrevivir en la República Argentina. 

Esperemos que lo que le queda por delante al mandato a Alberto Fernández tenga incorporado medidas que impliquen en algún momento salir de este círculo vicioso donde el ajuste siempre lo paga el sector privado.

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Mientras el debate ocurría en la Cámara Baja del Congreso Nacional los mismos militantes de izquierda de siempre destrozaban todo lo que encontraban a su paso. Contenedores de basura, señales de tránsito, césped, bancos de la Plaza del Congreso y hasta elementos del servicio de limpieza fueron blanco de ataque. Incluso esta vez fueron más allá: una bomba molotov lanzada a la policía generó que un efectivo se prenda fuego en medio de las protestas. Tampoco se salvaron los despachos de los legisladores que también fueron destruidos a piedrazos. Nada es gratis, tampoco desde el plano económico: 9.750.000 pesos será el costo del arreglo que deberán afrontar una vez más cada uno de los porteños.

Por desgracia nada se hace. Los violentos seguirán estando en algún rincón esperando una nueva oportunidad para poner en riesgo la paz social. Hasta que la justicia y la política toda no entiendan que esta gente no debe estar con una piedra en la calle sino que sus días deberían transcurrir dentro de una celda de una prisión, poco podremos avanzar.

Entre tanto disturbio y debate legislativo, el saldo fue apenas ganar un poco de tiempo antes de caer en el abismo y demostrar con los nuevos disturbios que nuestro país se encuentra cada vez más lejos de parecer lugar civilizado.