El Gobierno nacional ha establecido un régimen monetario que conduce a la Argentina a la hiperinflación. Los efectos de esta medida no demorarán en manifestarse en el plano de la crisis política. La modificación ha contado con el apoyo del FMI y, de acuerdo con algunos medios, con el de la Vicepresidenta.

De aquí en más los bancos contarán con un seguro suscripto por el Banco Central, por el cual la autoridad monetaria saldrá al rescate de la cartera de títulos públicos en pesos de esas entidades, a partir de cierto nivel de caída de la cotización.

La operación tendrá lugar, como es obvio, por medio de emisión monetaria. Este rescate constituye una anomalía financiera evidente, pues se suponía que el mercado de deuda local debía financiar al Tesoro nacional, de modo que el Banco Central no tuviera que recurrir a la emisión espuria de moneda.

De aquí en más, sin embargo, la autoridad monetaria está obligada por contrato a seguir cumpliendo con la política de emisiones para hacer frente a la falencia del mercado de deuda local. Ese compromiso de rescate se extiende, aunque de hecho, a todos los participantes del mercado, como fondos financieros y entidades públicas.

Es una práctica bancaria internacional que los bancos centrales compren bonos de la deuda pública, para regular su cotización y, por lo tanto, la tasa de interés. Es precisamente esta operación la que ha inflado las deudas públicas y las acciones durante más de una década, desatando ahora una inflación imparable.

Pero en ningún lado suscriben seguros para la banca local. Ésta no sería, con todo, la principal diferencia ni la principal anomalía, sino que el Estado argentino se encuentra en default, como lo prueba la desvalorización del 80% que registra la deuda en dólares.

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El Banco Central de la Argentina se verá obligado a emitir, no ya por los compromisos adquiridos en el contrato, sino por la fuga inevitable de dinero que tendrá lugar, como consecuencia de una inflación que empina al 80% y probablemente al 100 por ciento anual.

La última vez que se estableció un sistema de moneda hiperinflacionario ocurrió en 2001, cuando bajo Mario Blejer y Prat-Gay el Banco Central otorgó redescuentos sin límites a los bancos locales que habían quebrado como resultado del hundimiento de la convertibilidad.

En aquella ocasión, como ocurre ahora, Domingo Cavallo había hecho aprobar una ley de intangibilidad de los depósitos, que debía funcionar como un seguro de la paridad entre dólar y peso.

El Gobierno de entonces contrató, además, un seguro de paridad del cambio con el Morgan Stanley y el Deustche Bank. La ley de intangibilidad quedó derogada en el mercado de cambios, convertido a su pesar en poder legislativo sustituto.

Los bancos aseguradores no cumplieron con el contrato, invocando probablemente que la convertibilidad había sido dañada por un levantamiento popular, combinado con un golpe parlamentario entre Duhalde y Alfonsín. Se supone que una hiperinflación, determinada por este régimen monetario, causaría el desplome del gobierno en funciones.

Los funcionarios del Banco Central pretenden calmar la ansiedad que causa esta aventura, asegurando que el dinero emitido para rescatar a los acreedores financieros del Estado no sería inflacionario, porque el circulante en cuestión sería retirado del mercado mediante la emisión de Leliqs -los bonos que se usan para hacer esa absorción-.

Esas Leliqs y acumulan una deuda del Banco Central con los bancos locales por 9 billones de pesos, a tasas de interés del 50% anual. La velocidad del crecimiento de esa deuda ya es exponencial. Al mismo tiempo, nos encontramos con un perro que se muerde la cola, porque para rescatar los créditos que tienen los bancos y los bonistas contra el Tesoro se convierten en una deuda equivalente del Banco Central con esos mismos bancos.

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Al final del relato, es claro que no existe otro mercado de capitales local que el de la plata del Banco Central. La calesita de un mercado de capitales que es financiado por la autoridad monetaria deja enormes beneficios a los que se han subido a ella.

El Banco Central ha ingresado al estado de catatonia, porque no puede aumentar la tasa de interés sin aumentar con ello la deuda pública y su propia deuda, pero si no lo hace precipitará una mayor fuga del peso al dólar y del país al exterior.

A diferencia de lo que ocurrió a partir de 2002, las circunstancias financieras internacionales no son propicias para salir de este "impasse" estructural.

El FMI tiene una larga lista de países que van a entrar en cesación de pagos –como acaba de ocurrir con Sri Lanka-. Por eso, acaba de pedir a China que colabore con refinanciaciones de deuda, en el preciso momento en que China aparece ligada a Rusia en la guerra con la OTAN. De otro lado, las sanciones económicas contra Rusia han provocado un caos económico en Occidente.

Como consecuencia de la suba de la tasa de interés de referencia, por parte de Estados Unidos, hay una cadena de devaluaciones monetarias en todo el mundo: la Argentina podría aprovechar los precios más altos para su exportación agroindustrial, pero esto es anterior al derrumbe actual.

Por otro lado, la cuota de importaciones se abulta por los precios del gas, los agroquímicos y los fertilizantes. Dicho esto, entramos en el núcleo duro del asunto, la humanidad se enfrente a una crisis gigantesca del capitalismo –económica, sanitaria y bélica-. La Argentina es una variante dentro de un fenómenos histórico.

(* - Jorge Altamira es dirigente de Política Obrera, ex candidato a presidente).