La Cámara Federal aceptó que uno de los procesados por presunta defraudación a la TV Pública en el manejo de fondos para una producción afronte un embargo de cuatro millones de pesos con una propiedad de su esposa.

En plena feria judicial, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah admitieron que Ariel Berliner, ex subgerente de Programación de la televisora estatal, ponga como garantía del embargo un local comercial propiedad de su mujer en la localidad bonaerense de Lobos.

Berliner fue procesado por el juez Luis Rodríguez junto con Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Claudio Lamalfa, tesorero; Guillermo Siaira, director de Administración, Finanzas y , Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, y la escenógrafa Adriana Maestri.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos, por los presuntos delitos de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Todos están acusados de violar la normativa de Radio y Televisión Argentina (RTA) en el manejo de 11,4 millones de pesos en efectivo supuestamente destinados a los gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

La denuncia sobre la situación fue realizada por RTA.

El juez Boico advirtió que si bien nada obsta a que el bien ofrecido para cubrir el embargo no sea de propiedad de Berliner, aún debe salvarse una omisión.

“No surge de la observación de la audiencia oral celebrada en el juzgado que la titular registral haya manifestado su expresa voluntad -y no simple ‘consentimiento’- de dar a embargo el inmueble, y menos aún, que se le hayan comunicado los alcances e implicancias del ofrecimiento realizado”, advirtió.

Por su parte, el juez Farah resaltó que “lo en verdad necesario es que el bien, por su naturaleza y características tanto de hecho como de derecho, satisfaga el objetivo del embargo, que es asegurar el cumplimiento de la eventual sentencia y sus posibles consecuencias. Así, nada quita ni pone que el inmueble no sea de propiedad de Berliner sino de su cónyuge”.

El fallo revocó el rechazo a tomar el local comercial como garantía del embargo y tácitamente dispuso que el juez de primera instancia dicte una nueva resolución.