El envío de un proyecto para blindar eventuales futuras restricciones promete reactivar la actividad del Congreso en las próximas semanas y anticipa un nuevo frente de conflicto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, con el guiño de la Justicia.

Ese rechazo prematuro, ya que aún no se conoce el detalle de la iniciativa, se basa en los posibles alcances que tendría la ley y que podrían -según analizan en la oposición- ir en contra del artículo 29 de la Constitución Nacional.

Ese punto de la Carta Magna dice que ni el Congreso ni las legislaturas provinciales pueden otorgarle "facultades extraordinarias ni la suma del poder público" al presidente o a los gobernadores.

Juntos por el Cambio habló en las últimas horas de "superpoderes" y "cheque en blanco", al argumentar su negativa a la propuesta del Gobierno nacional, que fue anticipada este viernes por el presidente Alberto Fernández, pero que todavía está en vías de construcción.

Precisamente, por estas horas, la Secretaría de Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete trabajan en la confección del texto, con el objetivo de eludir eventuales choques de constitucionalidad y lograr un proyecto que tenga respaldo de bloques opositores.

Si bien en Casa Rosada ven difícil un acuerdo con Juntos por el Cambio, sí consideran posible que la iniciativa sea respaldada por otros sectores de la oposición, más permeables a discutir ideas.

El 21 de abril pasado, el presidente del Interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje destinado al Gobierno Nacional.

En esa publicación, expresó básicamente lo mismo que dijo este viernes el jefe de Estado: "El Ejecutivo podría enviar al Congreso de la Nación la propuesta sanitaria de corto y mediano plazo para transformarla en LEY. Es el ámbito para debatir y potenciar una idea. Así vamos a evitar nuevas interferencias políticas que desvían la atención de lo importante".

Esa declaración demostró la voluntad de ese espacio de discutir el proyecto, con la chance para el oficialismo de sumar sus para nada despreciables once votos.

Ese número de respaldos le alcanzaría justo al Gobierno -el Frente de Todos tiene 119 diputados y el Interbloque Federal, 11, lo que supera el número necesario de 129- para avanzar con la sanción de una ley que lo blinde ante posibles nuevas disputas judiciales.

Esos eventuales planteos ante la Justicia son lo que quiere evitar el Gobierno, que no desea que el año electoral se convierta en una interminable catarata de demandas en los tribunales.

En las últimas horas, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que próximamente se pueden sumar nuevos distritos a las clases virtuales, dado que ingresarían a la "zona de alto riesgo" que terminará de definir el Estado Nacional.

Eso abrirá la puerta a potenciales reclamos judiciales, como sucedió con la ciudad de Buenos Aires.

Según explicaron fuentes oficiales, la estrategia es presentar en el Congreso "parámetros visibles para todos", que puedan fijar un umbral epidemiológico que en caso de ser superado dispare automáticamente las restricciones, echando por tierra posibles demandas.

Lo que quiere el Gobierno es un marco legal de consenso para adoptar medidas y que la Justicia no tenga argumentos para ir en contra de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ya que contaría con el respaldo del Congreso.

Además, esta jugada del Poder Ejecutivo avizora un nuevo año con medidas prorrogadas y sin un final claro para el aislamiento, lo que llevará a los ciudadanos a afrontar las primeras elecciones nacionales en tiempos de pandemia.

Al ser consultada sobre si ya estaba definido el "número mágico" para los cierres, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que todavía no, pero dijo que la intención de la Casa Rosada es presentar una propuesta y luego consensuar con la oposición, al menos, con los opositores que estén dispuestos a
sentarse a charla.

Este viernes a última hora, con algunas críticas, la Justicia dio una señal que va en línea con lo que plantea el Gobierno y el nuevo rol que debe ocupar el Congreso en cuanto a restricciones.

La Cámara del Crimen hizo lugar a un hábeas corpus y exhortó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación a que a través de este último se sancionen por ley las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus, al considerar abusivo el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Si bien el Tribunal hizo lugar a los hábeas corpus no suspendió el decreto, sino que sólo exhortó a que se le dé intervención al Congreso sobre todo porque el mismo está en funcionamiento.

Ante el hábeas corpus, la sala VI del Tribunal consideró que no está configurada una amenaza a la libertad, pero sí que existen restricciones en base a los dos últimos decretos firmados por el Poder Ejecutivo en el último vez y el 241 que venció ayer.

En su fallo, los jueces tuvieron en cuenta que luego de 13 meses del primer decreto se persiste "sin que el Congreso Nacional dicte una ley específica en la que mediante ´cláusulas gatillo´ se establezcan parámetros que, consensuados por los representantes de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirvan de base a la imposición posterior de restricciones a derechos como las que aquí se examinan".

"Actualmente el Poder Ejecutivo continúa recurriendo, con un uso desmedido, al dictado de los DNU en los que se invoca la emergencia derivada de la pandemia del Covid-19 para pretender justificar la necesidad de suspender, restringir y alterar el normal y libre ejercicio de ciertos derechos", evaluaron.

Es decir, más allá de los cuestionamientos, el Gobierno puede tomar la resolución como un guiño a su nuevo emprendimiento legislativo, que podría ser presentado la próxima semana.