El juicio por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario Ricardo Jaime y por la irregularidad en la compra de trenes a España y Portugal por la cual también es juzgado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quedó en la puerta floja pues uno de los tres jueces renunció y las defensas pidieron la nulidad de todo el debate que se viene llevando a cabo hace cinco años en Comodoro Py.

Con Jaime preso y De Vido libre pero a la espera de si se confirma su condena por la tragedia ferroviaria de Once, el juicio que los tiene a ambos en la mira podría caerse. En la audiencia de hoy, el juez del Tribunal José Martínez Sobrino informó que renuncia al haber cumplido los 75 años que marca la ley.

En su reemplazo asumiría el magistrado Ricardo Basílico pero nunca presenció el debate y si bien podría ver los videos de las múltiples audiencias, es muy difícil poder reproducir la prueba de los últimos cinco años.

La audiencia se convirtió en un escándalo cuando estaban por alegar las defensas, y luego que lo haga la fiscal de juicio Gabriela Baigún donde reclamó la pena de ocho años de prisión para Jaime y cuatro años para De Vido. 

Ante el pedido de las defensas de ser declarado nulo el juicio, la fiscal pidió sean todas rechazadas y reclamó al Tribunal, también integrado por Fernando Canero y Julio Panero, que no renuncie Martínez Sobrino hasta tanto finalice el debate y así evitar que se caiga el proceso. 

La fiscalía en este proceso a demás del pedido de pena pidió una multa de 16 millones de pesos a pagar por parte de De Vido.

La fiscal sostuvo que, además de la operación que terminó siendo perjudicial para el erario (puesto que los trenes eran considerados "chatarra" y la intención de repararlos en talleres ferroviarios locales nunca se concretó. Jaime cobró un soborno del orden del millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

Para Vázquez, la fiscal pidió la pena de cinco años y ocho meses de cárcel, más el pago de una multa del orden de los 11 millones de pesos.

Según Baigún, los funcionarios aprovecharon la política de reactivación ferroviaria impulsada por el gobierno de Kirchner para celebrar la operación de compra de coches a España y Portugal, en condiciones desventajosas para la Argentina pero ventajosas para ellos.

Los ex funcionarios están acusados por ”administración fraudulenta y cohecho" por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.