Un ex intendente de Juntos por el Cambio, condenado por narcotráfico, denunció ante el Consejo de la Magistratura que la causa en su contra fue parte de la política de “lawfare” implementada durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió la remoción de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky por ser parte de ella.

Se trata del ex intendente de Paraná Sergio Varisco, quien acusó a ambos camaristas (cuyas visitas al ex presidente Macri están documentadas y reconocidas) de haber intervenido como tribunal revisor de la condena en su contra, en lo que consideró una “causa armada”.

Su denuncia contra Hornos y Borinsky se suma a los expedientes que ambos ya tienen abierto ante el Consejo de la Magistratura por sus visitas al ex presidente Macri, tanto en Casa de Gobierno cuando en la Quinta de Olivos.

Varisco, intendente de Paraná entre 2015 y 2019, sostuvo que lo separaron de Macri desde el inicio de la gestión de ambos  “diferencias irreconciliables”, puesto que el ex presidente había resuelto “apoyar políticamente a otro candidato,  Rogelio Frigerio,  para que sea gobernador de Entre Ríos”.

“Desde entonces viví un hostigamiento mediático-judicial, a la luz de lo que se conoce como ‘lawfare’, con injerencia directa del PEN y servicios de inteligencia”.

La acusación por narcotráfico que llevó a la cárcel a Varisco, según el propio ex intendente, “tuvo una fuerte y directa injerencia del Poder Ejecutivo Nacional, de la AFI y de quien se decía era parte de los mismos, aunque inorgánicamente, Marcelo D´Alessio, sin descartar, desde luego, la participación colaborativa de otras personas, entre ellos, periodistas y editores de medios”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó a Varisco a seis años y seis meses de prisión y la Cámara de Casación, con las firmas de Hornos, Borinsky y Javier Carbajo, ratificó esa sentencia.

“La Policía Federal Argentina, que tuvo un rol importante en la producción de las pruebas, dependía de la Ministra Patricia Bullrich que de ese modo ha tenido una injerencia llamativa en el proceso, que además tiene como condimento común con las demás causas políticas que interesaron al Gobierno de Macri el uso de una arrepentida para dañar a adversarios”, señaló el dirigente de extracción radical.

“El Poder Ejecutivo ha tenido injerencia en el juicio, y el tribunal ha carecido de la imparcialidad a la que tiene derecho toda persona sometida a proceso”, insistió.

Varisco fue condenado junto con otras 25 personas como “partícipe necesario penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravado”.