El pasado 24 de mayo asistimos a un contubernio de los dos bloques legislativos mayoritarios de la provincia de Buenos Aires para perjudicar seriamente los intereses de los bonaerenses.

El gobernador Axel Kicillof logró designar a su abogado de máxima confianza como presidente del tribunal que controla las cuentas públicas y la mayor bancada opositora lo apoyó con su voto a cambio de algunos cargos.

Vale la pena explicar lo ocurrido, tanto por su gravedad institucional como por algún ribete escandaloso que rodeó a la sesión.

Para contextualizar la situación, cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires existe un Tribunal de Cuentas, que es un organismo creado por la constitución para examinar todas las cuentas públicas, tanto provinciales como municipales, y aprobarlas o desaprobarlas, indicando, en éste último caso, al funcionario responsable.

Un fallo del tribunal aprobando cuentas es una gran respaldo para cualquier funcionario y, como contracara, uno desaprobándolas puede ser una fuerte prueba en contra en un eventual proceso civil o penal. La conveniencia de tener un amigo que presida el tribunal es obvia.

En diciembre pasado renunció el anterior presidente del tribunal luego de estar 35 años en el cargo y el gobernador Kicillof comenzó a presionar para nombrar a Federico Thea, quien fue su jefe jurídico entre 2013 y 2015, en su gestión como ministro de Economía nacional, y luego se convirtió en el secretario Legal de la gobernación y representante del Poder Ejecutivo provincial en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar jueces. Nada menos.

El hombre que asesoró jurídicamente al gobernador durante toda su carrera política, que participó de la elección de jueces de la provincia en su nombre y que además es acérrimo militante kirchnerista, como puede verse en sus redes, ahora va a presidir el tribunal que lo va a "controlar".

Una ley con nombre y apellido. La "ley Thea". O la "ley Kicillof". O... la "ley Impunidad".

Ahora bien, ¿cómo logró el gobernador el acompañamiento de Juntos por el Cambio? Maquillando la ley con un par de modificaciones absolutamente menores y, lo más importante, otorgándoles cargos.

Para ello ambas bancadas reformaron la ley de la Defensoría del Pueblo, otro organismo constitucional, creando un nuevo cargo que se suma a los tres que se aprobaron hace escasos cinco meses.

Hay que destacar que cuando la Defensoría se creó, en 2008, tenía un solo Defensor, en 2016 se agregaron cuatro más, a fines del año pasado tres más y ahora uno más. Es decir, desde el 2008 a la fecha se pasó de un Defensor a nueve.

La cuestión es simple: las dos bancadas mayoritarias destraban sus negociaciones creando y repartiendo cargos. Por supuesto, esos cargos y sus interminables estructuras son pagados por el agonizante bolsillo del contribuyente bonaerense.

Ninguno de los dos proyectos de ley siguió el trámite ordinario que obliga a discutir los textos en comisiones. Por el contrario, se presentaron directamente, "sobre tablas", con un texto que estuvieron negociando hasta último momento, a punto tal que los legisladores ajenos al contubernio pudimos leerlo apenas minutos antes del comienzo de la sesión.

Obviamente no existió debate alguno porque jamás les interesó debatir ni mejorar el funcionamiento de los organismos ni la idoneidad de los funcionarios.

Si realmente hubieran tenido intención de mejorar las instituciones podríamos, por ejemplo, haber discutido el mecanismo de designación de los miembros del tribunal, cuyos cargos son vitalicios y solo pueden ser removidos del mismo modo que los jueces de la Suprema Corte, a quienes también están asimilados salarialmente.

Podríamos haber acordado convocatorias y audiencias públicas, publicación de antecedentes y declaraciones juradas, mecanismos de participación ciudadana, períodos de impugnación, etc. Pero no, no les interesa.

En síntesis, el actual gobernador, líder provincial de la fuerza política más corrupta de la historia reciente del país, designa al presidente del tribunal que lo va a controlar con la complicidad de la oposición mayoritaria, esa misma que dice escandalizarse por la corrupción, que promete transparencia y que dice ser distinta.

Sin debate, sin comisiones y sin siquiera exhibir el texto con anticipación. Y después se enojan si se les dice que son lo mismo o se habla de contubernio o "casta".

Nuestro espacio jamás va a acompañar acciones de esta clase porque creemos en la seguridad jurídica, la idoneidad y el debate. Y sobre todo, creemos en el Estado de Derecho, que es lo contrario de una ley con nombre y apellido.

(*) - Guillermo Castello es el presidente Bloque Avanza Libertad Cámara de Diputados bonaerense.