Llegó finalmente el momento para que el gobierno de Alberto Fernández pueda extender la mano y encender a la distancia una luz que marque la salida del túnel, después de largos meses de incertidumbre y en medio de una crisis de confianza que le venía doblando la muñeca.

La oportunidad se genera a partir de la cooperación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aceptó -en definitiva como lo sugería el sentido común- acordar con la Argentina un entendimiento de carácter político que permita comenzar a sortear el atolladero que ocasionó para el país el multimillonario crédito en dólares que ese mismo organismo otorgó, claramente por motivos políticos, a la administración de Mauricio Macri.

Más allá de la efervescencia que produjo el anuncio de Fernández puertas adentro en la Casa Rosada, efectivamente este convenio alcanzado con el FMI debería significar un punto de inflexión en la gestión del Gobierno y al mismo tiempo un espaldarazo que sirva para robustecer la figura del ex jefe de Gabinete kirchnerista convertido hoy en primer mandatario.

Las negociaciones con el Fondo venían generando tensiones tanto en la relación del oficialismo con la oposición como en el propio seno del Frente de Todos (FdT), donde en los últimos días volvieron a quedar en evidencia las posturas encontradas -e incluso antagónicas en ciertos casos- que conviven en ese espacio, en esta ocasión, con motivo de las prolongadas deliberaciones con el organismo internacional.

Mientras integrantes del equipo económico procuraban avanzar en un principio de entendimiento con el FMI, referentes del kirchnerismo dentro del FdT coqueteaban con la posibilidad de que la Argentina cayera en default -"No es el peor de los remedios", comentaban-, si incumplía con un vencimiento de 717 millones de dólares previsto para este viernes.

El país, finalmente, no solo le pagó al Fondo esa suma de dinero, sino que además logró apalabrar un acuerdo para devolver a ese organismo un monto global de alrededor de US$ 44.500 millones sin condicionar, al menos en los próximos dos años y medio, los esfuerzos que realice la Argentina para sostener el rebote económico conseguido en 2021, tras haber superado los meses más severos de la pandemia de coronavirus.

Claro que ese "período de gracia" otorgado por el FMI demanda, a cambio, para la Argentina el compromiso de alcanzar como mínimo un equilibrio fiscal hacia 2025: dicho en otras palabras, el Gobierno deberá cumplir con una hoja de ruta -fiscalizada por el Fondo- que prevé en forma progresiva dejar de gastar más dinero del que ingresa a las arcas del Estado.

De igual manera, la gestión de Fernández debería abstenerse de emitir billetes para financiar subsidios y compensar especialmente el "rojo" fiscal, un recurso que según algunos economistas alienta de manera inexorable la espiral inflacionaria que viene azotando a la Argentina desde hace largos meses: el costo de vida en 2021 se disparo casi ¡51 por ciento!

Si bien resta negociar la "letra chica" del acuerdo, el proceso para achicar el gasto público supone en definitiva un ajuste, de igual manera que sería esperable que el Gobierno avanzara con un aumento de tarifas si el Fondo consigue imponer -como lo anticipó este viernes- su pretensión de reducir los subsidios energéticos en el país, más allá de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le haya bajado el pulgar a esa posibilidad.

Quizá por este motivo, vinculado con la reducción del déficit fiscal y un necesario ordenamiento -por cierto- de las cuentas públicas, es que transcurrieron largas horas desde el anuncio oficial del acuerdo con el FMI sin que se pronunciara al respecto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo silencio generó "ruido" en el arco político doméstico.

La número dos del Poder Ejecutivo nacional viajó días atrás a Honduras para participar de la asunción de la presidenta electa Xiomara Castro y desde allí lanzó críticas hacia los organismos multilaterales de crédito, las políticas liberales y las grandes corporaciones, de igual modo que ensayó una insólita parábola para ¿explicar, justificar? que narcotraficantes financien fiestas de 15 años en sectores postergados de la sociedad.

De esa manera, la líder del FdT buscó cuestionar las “políticas de ajuste” que, según su opinión, llevan adelante gobiernos liberales respaldados por organismos como el FMI sin percatarse de la "paradoja horrible" que esas recetas desencadenan y el "impacto en la vida cotidiana" de las personas.

Más allá del inusitado "ejemplo" al que recurrió para tratar de fortalecer su postura, resulta evidente que a Cristina le provocan incomodidad las medidas tendientes a reducir el déficit fiscal en la Argentina, como quedó demostrado en la furibunda carta pública que divulgó el año pasado tras la derrota el FdT en las PASO, vituperando el rumbo del Gobierno que integra.

Es más, durante su propia gestión como presidenta de la Nación quedó en claro que no consideraba como un inconveniente que mereciera atención -ni corrección- el saldo negativo de las cuentas públicas, después de haber ocasionado que explotaran por el aire las condiciones de superávit fiscal que había recibido como legado virtuoso de la gestión de su marido Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.

Por otra parte, en las últimas horas, tras el anuncio del acuerdo, aquí en la Argentina se registraron algunas situaciones desopilante, como por ejemplo que los liberales José Luis Espert y Javier Milei coincidieran con la izquierda al criticar el entendimiento con el FMI, aunque con argumentos disímiles lógicamente. Ambos legisladores ya anticiparon que votarán en contra de la propuesta en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, manifestó su "beneplácito" por los términos en los que logró sellarse el trato con el Fondo, al evaluar que se prioriza el "desarrollo económico" de la Argentina, lo que consideró -la central obrera- como un mérito de "nuestro Gobierno": un "autobombo" algo extravagante en un contexto que encuentra a los salarios de los trabajadores una vez más lacerados por la inflación.

Finalmente, desde Juntos por el Cambio insistieron en reclamar al Gobierno un "plan económico", de igual modo que se mostraron interesados en descubrir la "letra chica" del pacto con el Fondo, mientras el oficialismo pidió "responsabilidad" y "patriotismo" a la oposición a la hora de discutir los detalles del acuerdo en el seno del Congreso.

El arco político nacional se prepara para iniciar ahora en febrero sesiones extraordinarias en el Parlamento, en medio de una renovada expectativa sobre si el tema del entendimiento con el FMI será incorporado en esa agenda -por intermedio de un decreto simple de parte del Poder Ejecutivo- o quedará para marzo próximo, cuando está previsto un abultado vencimiento de deuda.