La Causa Qunita inició hoy su cuenta regresiva hacia el cierre definitivo por inexistencia de delito: el juez Adrián Grunberg emplazó a las defensas de los imputados para que en cinco días hábiles expresen si consienten o no el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún que decidió no formular acusación.

“Con carácter previo a resolver, córrase vista a las defensas por el término de cinco días hábiles, a fin de que, en caso de considerarlo necesario, se expidan respecto a lo dictaminado por la representante del Ministerio Público Fiscal”, sostiene la notificación que Grunberg, integrante del Tribunal Oral Federal  número uno.

Cuando, como en este caso, una causa no tiene querellante, la acción penal sólo puede ser impulsada por la fiscalía. Si la fiscalía decide no acusar, el tribunal no puede seguir adelante con el proceso, a menos que excepcionalmente alguno de los beneficiados por la falta de imputación pida igualmente ser juzgado.

Lo habitual es que ante la falta de acusación, el expediente se cierre, previo sobreseimiento de todos los que estuvieron imputados. De tal forma, antes del fin de semana próximo, la Causa Qunita estará en condiciones de escribir su capítulo final.

Las defensas de los imputados pueden optar por consentir el dictamen de la fiscal Baigún o, directamente, no pronunciarse, lo que en los hechos es interpretado como un consentimiento con los argumentos vertidos en la desincriminación. Algunos de los imputados ya se pronunciaron.

El primero en hacerlo fue el abogado Marcelo Mónaco, quien defiende a la abogada Alicia Escobar Atencio, ex integrante de la Secretaría de Legal y Técnica, quien pidió el inmediato sobreseimiento "atento a las severas restricciones funcionarles, profesionales, sociales, materiales e incluso emocionales que implica continuar sometida innecesariamente a este proceso”.

“Como lo refleja acabadamente la fiscal Baigún, este expediente constituye un compendio de irregularidades e inequidades como pocas veces se ha verificado en este fuero federal", sostuvo.

La lista de los hasta ahora procesados está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete; Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud; Nicolás Kreplak, ex viceministro; Juan Carlos Piccolini, ex director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud;  Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Fanny Clemente Lamas, ex directora de Compras; Elisa Gulberti, ex directora de Asuntos Legales; Carlos Liz, Viviana Bonpland, Alelí García; Alicia Escobar Atensio y Claudia Esteban, de la Secretaría Legal y Técnica; Carlos Tejada, ex jefe de la Subsecretaria Legal.

Además, fueron procesados los empresarios María Victoria Flores, Diego Romero, Martín Miranda, Leandro Flores, Sergio Lupi, Jorge Artazcos, Gustavo Cilia, Oscar Micheli y Dora Ruocco.