El ex ministro de Planificación Julio De Vido explicó hoy que la compra de trenes de rezago a España y Portugal fue una operación “de buena fe, de país a país”, que tenía como objetivo repararlos en talleres ferroviarios que iban a ser reactivados en todo el país.

Pero esa iniciativa se tronchó por un cambio de decisión política, que se precipitó después de la Tragedia de Once, cuando Florencio Randazzo –como ministro del Interior- asumió también el área de transporte y contó con un presupuesto 12 veces mayor al de los ejercicios anteriores.

Bajo la órbita de Randazzo –explicó De Vido, al pronunciar sus últimas palabras en el juicio conocido como “trenes chatarra”- la política en materia ferroviaria se orientó a “abandonar la rehabilitación de talleres y a continuar otra línea de trabajo que ya venía desarrollando el Ministerio de Planificación, que era la de importar material rodante nuevo proveniente de China”.

“Randazzo podía concretarlo porque se le asignó 12 veces más presupuesto”, insistió.

“Esta causa va más allá del derecho penal porque tomar decisiones políticas hace a mi responsabilidad política, no penal. Pido que se analice que hablamos de decisiones políticas y las metas se alcanzan o no por el liderazgo colectivo de quiénes las llevan adelante en el marco de sus competencias funcionales”, describió el ex ministro.

En ese contexto describió que el objetivo trazado apuntaba a la reactivación de los talleres ferroviarios para que el material rodante adquirido en España y Portugal fuera reparado allí y saliera a rodar.

De Vido ejemplificó que ello era posible pues “una de las formaciones fue puesta en valor en 2020 con  motivo de la pandemia, casi 17 años después de adquirida. Es utilizada hoy en la Provincia de Buenos Aires y transita por distintas trochas”.

“La perspectiva de la política pública de rehabilitación de talleres ferroviarios y la morosidad resultante para su implementación ha  sido la que profundizó el abandono del material, y esa es una responsabilidad política que muestra que la gestión pública se desarrolla en un contexto dinámico e incierto”, subrayó.

De Vido defendió la política de “preferencias de reciclado o reutilización que siempre es posible y con ello rehabilitar los talleres ferroviarios, que ha sido una demanda y un objetivo político permanente en los distintos lugares del país durante los gobiernos peronistas”.

“La recuperación de material de rezago adquirida de buena fe en un convenio país - país quedó en tela de juicio por el incumplimiento del objetivo, que no era otro que ser aplicado a la rehabilitación en talleres ferroviarios argentinos”, reiteró.

De Vido atribuyó a ese escenario la realización del juicio oral en el que está acusado por defraudación en perjuicio de la administración pública por un presunto perjuicio del orden de los 30 millones de euros en la compra de los trenes para reparar.

La fiscal de juicio, Gabriela Baigún, pidió ocho años de prisión para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y cuatro para De Vido.

El ex ministro se quejó de la “condena pública sin piedad por los medios de comunicación como ocurre desde el primer día, desde la primera causa”.

El juicio tramita su   etapa final ante el Tribunal Oral Federal número seis.