Luego de varios tires y afloje por la fecha de la sesión para votar el Presupuesto 2023, el oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo en atenerse a la hoja de ruta original que fijaba el 26 de octubre como día para tratar el proyecto en el recinto de la Cámara de Diputados.

Así se acordó durante la reunión de Labor Parlamentaria que los líderes de las bancadas mantuvieron con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, antes de la sesión especial que se llevó a cabo ayer.

En dicho encuentro, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió a los diputados que los bloques "generen un listado de los temas en debate que requieren mayor debate en particular".

En ese ámbito, Juntos por el Cambio acercó una propuesta del diputado nacional de la UCR Julio Cobos para dividir la sesión en dos, con un cuarto intermedio el 26 de octubre para descansar y reponer energías, retomando el debate en el recinto al día siguiente. Se trata de una propuesta que con frecuencia se pone sobre la mesa cuando se trata de sesiones largas pero que indefectiblemente fracasan. 

Lo que sí tendría más viento a favor es la propuesta opositora de incorporar en la redacción de la ley una suerte de "claúsula gatillo" para rediscutir y ampliar el Presupuesto -con la convocatoria formal a los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo para que vuelvan a intervenir en la comisión de Presupusesto- en el caso de que la inflación real del año que viene supere a la proyectada por el Gobierno del 60%. Con esto, la oposición quiere asegurarse que si el Estado, producto de una inflación mayor, obtiene una recaudación adicional, que esos fondos no puedan reasignarse discrecionalmente.

Luego de cuatro rondas de exposiciones de ministros y funcionarios de las distintas áreas abocadas a los diferentes aspectos sensibles del Presupuesto, el presidente de la comisión homóloga, Carlos Heller, comunicó este jueves cómo seguirá el debate: se realizarán tres reuniones más la semana que viene para analizar la letra chica del proyecto, empezando por el martes 19 y finalizando el jueves 21, jornada en la que está prevista la firma del o de los dictámenes.

A partir de allí, los diputados tendrán seis días (hasta el miércoles 26 de octubre) para estudiar en profundidad el proyecto y seguir proponiendo retoques, como siempre ocurre en la última etapa de discusión de los presupuestos, especialmente en lo que refiere a obras concretas para las provincias o partidas específicas.

El martes, Heller había deslizado la posibilidad de dictaminar hoy mismo y sesionar la semana que viene, pero Juntos por el Cambio lo paró en seco, primero a través del jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López,

"No cuenten con el bloque de la Coalición Cívica para sesionar la semana que viene el Presupuesto. En la reunión que tuvimos el 20 de agosto quedamos que de mínima íbamos a dar un mes a este proceso. Es muy importante que tengamos el tiempo acordado", había advertido, y recordó que "el año pasado se dictaminó y ese mismo día se agregaron 56 artículos", motivo que generó una sesión anormal que terminó en el rechazo del Presupuesto.

"Hubo que analizar y sesionar esos nuevos artículos en un día. Mínimo una semana pretendemos tener para analizar lo que se dictamine", se plantó López, que afirmó que Juntos por el Cambio se opone a "sancionar de manera exprés el presupuesto".

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Uno de los aspectos en los que los diputados del Interior, especialmente los opositores pero también los oficialistas, insistirán con mejorar tiene que ver con el monto de los subsidios al Fondo de Compensación del Transporte Automotor de Pasajeros.

La queja que más amplificación tuvo durante la exposición del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, tuvo que ver con el reparto desigual de dichos subsidios entre el AMBA y el Interior.

El anuncio de que habrá una caída nominal de los subsidios para el AMBA, lo cual implicará un ajuste brutal que se sentirá el valor de las tarifas de trenes y colectivos, no satisfizo a los diputados del Interior, que pidieron engrosar las partidas para las provincias.

En su presentación en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario señaló que para el Interior del país se prevé un incremento de 20.000 millones, pasando de 46.000  a 66.000 millones para el año que viene.

Esto representa un aumento de apenas el 34% de un año a otro, un porcentaje exiguo en el marco de una inflación proyectada en el Presupuesto del 60%, una cifra que de acuerdo a las estimaciones de consultoras privadas se queda bastante corta respecto de las expectativas reales de alza de precios para el 2023. 

En ese sentido, el radical  cordobés Víctor Hugo Romero y el oficialista correntino Jorge Romero se unieron para pedir que las provincias reciban al menos 100.000 millones. El ministro escuchó el reclamo pero no cedió.

Otro tema en el que seguramente haya discusiones ásperas tiene que ver con el artículo que habilita a que Cammesa, la compañía mayorista de distribución de energía eléctrica, les cobre a las provincias los saldos de deuda que éstas mantienen con las empresas proveedoras del servicio, para que esas deudas dejen de ser cubiertas con fondos nacionales.

Desde el PRO ya avisaron que no votarán el artículo referido a las retenciones al agro, y buscarán limitar las facultades del Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación.

Durante el debate de este jueves, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, dio indicios de que Juntos por el Cambio acompañaría esta vez (a diferencia de lo sucedido el año pasado) el proyecto de Presupuesto del oficialismo.

Con sarcasmo, el economista del PRO celebró que se haya presentado “el primer Presupuesto kirchnerista que tiene un recorte del gasto público".

Y si bien indicó que la cifra de inflación del 60% "es inverosímil, no se puede exigir al ministro (de Economía, Sergio) Massa que ponga una inflación del 120%".

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El entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto refutó a Laspina al señalar que "no es un presupuesto de ajuste, sino que busca el crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso".

"Este presupuesto plantea una recuperación de salario real y una baja de la inflación del 90 al 60 por ciento, y si eso ocurriera podrá haber una recuperación del salario", destacó.

Durante la semana que viene se espera que desde distintas bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, pujen por más presupuesto para las universidades nacionales.

La diputada del Partido Obrero Romina del Plá, quien junto a sus tres compañeros del Frente de Izquierda votarán en contra del Presupuesto por entender que convalida el ajuste que exige el FMI- cuestionó que "aún con una inflación proyectada para el año próximo del 60%, la transferencia para las universidades crece de 2022 a 2023 un 54%".

"Sería bueno que se informe si se va a modificar porque hoy la docencia universitaria está de paro", manifestó con preocupación.