Luego de muchos tironeos y acaloradas discusiones internas, la alianza opositora Juntos por el Cambio aceptó hoy la propuesta del Gobierno nacional para aplazar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre, y las elecciones generales del 24 de octubre al 14 de noviembre.

La reorganización del calendario electoral permitirá que al momento de celebrarse las primarias, haya un porcentaje mayor de población vacunada contra el coronavirus, lo cual reducirá parcialmente el riesgo epidemiológico en una jornada de movilización masiva y presencial de ciudadanos a los centros de votación.

"Desde JxC reafirmamos nuestro interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia y, a la vez, respetar las normas electorales vigentes con la garantía de las elecciones primarias que hoy consagra la ley. Por ello acompañaremos el corrimiento del cronograma y, además, solicitamos al oficialismo la inclusión de una cláusula que reasegure el compromiso del Gobierno Nacional con el respeto de la legislación electoral vigente", indicó un comunicado de la principal coalición opositora.

Según pudo saber NA, pese a la resistencia del sector más duro del macrismo en acompañar la propuesta que había acercado el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, finalmente primó la postura acuerdista ante el temor de que el Gobierno pudiera juntar los votos para directamente anular las PASO, una herramienta que JxC considera indispensable para ordenar su propia interna en las distintas provincias.

"Más allá de los tironeos, todos sabían que si no apoyaban esta opción, el Frente de Todos tenía los votos como para sacar solos una ley, y eso siempre era peor. Y Juntos por el Cambio necesita las PASO para ordenarse internamente también. Mucho peor era tensar la cuerda", explicaron fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio a Noticias Argentinas.

Hace dos semanas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había facilitado una reunión entre De Pedro y los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio, en la que el ministro esbozó los lineamientos centrales de un borrador de la propuesta de correr el cronograma electoral, con la intención de que se cristalizara en un proyecto de ley.

El cónclave fue provechoso y se realizó en buenos términos: los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri, del PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, se retiraron satisfechos, con el compromiso de trasladar la propuesta a la mesa nacional de Juntos por el Cambio.

Pese a las buenas vibras en aquel primer acercamiento, la negociación se empantanó rápidamente, primero por la desconfianza del ala dura del macrismo, renuente a quedar pegado al oficialismo ante cualquier iniciativa que venga del Gobierno. Más tarde, por el estallido del escándalo por las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, que profundizó las tensiones entre las dos coaliciones políticas. 

El panorama cambió a partir de el miércoles, cuando desde los pasillos de la Casa Rosada dejaron trascender que si Juntos por el Cambio perseveraba en esta actitud de pasividad y de no dar una respuesta concreta, el oficialismo iba a avanzar por su cuenta, con la seguridad de tener garantizado el piso de votos para aprobar la reforma electoral.

Incluso amagó con retomar el plan de suspender las PASO, un escenario que en la oposición coinciden que sería calamitoso ya que Juntos por el Cambio necesita imperiosamente las primarias para dirimir sus internas. 

En este contexto y frente a la encrucijada en forma de ultimátum que le planteaba el oficialismo, se cocinó a fuego rápido el comunicado dado a conocer este jueves por Juntos por el Cambio, apoyando la hoja de ruta electoral diseñada por De Pedro.

Pidieron, eso sí, que se incluya en el proyecto a sancionarse en el Congreso Nacional una cláusula con la siguiente redacción: "La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

En otras palabras, quieren asegurarse que en los próximos el Gobierno no vuelva a dar otro golpe de timón que cambie las reglas de juego con la excusa de la pandemia, como por ejemplo la suspensión de las PASO, el escenario más temido por la oposición.

Por último, reclamaron la implementación de la boleta única de papel y el restablecimiento del voto adelantado por correo postal para argentinos en el exterior, dos pedidos que el Gobierno ya anticipó que no está dispuesto a aceptar.


Primeros pasos hacia las PASO


Mientras tanto, el Ministerio de Interior ya avanzó con con la licitación y los informes técnicos de las distintas empresas que se presentaron para llevar a cabo el conteo de votos.

La empresa que presentó la mejor oferta y con mayor robustez técnica es la española Indra Sistemas SA que, según pudo saber NA, sería muy difícil que no sea la finalmente se quede con el contrato.
  
En tanto, el Gobierno se reunirá la semana que viene con la Cámara Nacional Electoral (CNE) para discutir sobre los protocolos necesarios para realizar las elecciones legislativas de este año en medio de la pandemia de coronavirus.
  
El máximo tribunal electoral del país había reclamado que se avanzara en la vacunación de las personas involucradas en el proceso de organización de los comicios y días atrás reiteró el planteo al solicitar el listado de los vacunados en el país para seleccionar dentro de esa nómina a quienes serán presidentes de mesa.
  
Según indicaron fuentes oficiales a NA, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, envió una nota a la Cámara para solicitar una reunión, que se concretará el próximo 29 de abril.
  
El objetivo del encuentro es discutir qué protocolos son necesarios para poder realizar las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
  
En los comicios legislativos de este año se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados, así como un tercio de los escaños del Senado: en esta ocasión vencen los mandatos de los representantes de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán en la Cámara alta.