La reciente expulsión del senador entrerriano Edgardo Kueider, detenido infraganti en Paraguay por contrabando de dinero, invita a revisitar antecedentes de otras exclusiones de legisladores nacionales del Congreso nacional desde la recuperación de la democracia.

Recorriendo la línea del tiempo de adelante hacia atrás, nos encontramos primero con el caso del famoso “diputeta” Juan Emilio Ameri.

Durante una sesión a mediados del 2020 que estaba realizándose en formato virtual a raíz de la pandemia de covid-19, el salteño quedó escrachado por realizar “exhibiciones obscenas” junto a su mujer, a quien le besó los pechos creyendo que la cámara estaba apagada. 

La Cámara de Diputados no le perdonó la impudicia, pero antes de cobrarse la expulsión, Ameri renunció a su banca, y la propuesta fue aceptada por la inmensa mayoría del pleno.

El 25 de octubre del 2017, el entonces diputado nacional Julio de Vido fue desaforado en una sesión con la complicidad de su bloque, el Frente para la Victoria, cuyos diputados se ausentaron mayoritariamente y otros seis votaron a favor de su desafuero.

La votación, que permitió que el ex ministro de Planificación fuera inmediatamente detenido y puesto a disposición de la Justicia, ocurrió ocho días después de que una Cámara Federal ordenara su detención por la causa de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

En 2005, el Senado no expulsó pero suspendió al senador Raúl Ernesto Ochoa hasta el final de su mandato en diciembre de ese año, por lo que estuvo varios meses sin goce de sueldo.

El puntano fue castigado por “desorden de conducta” con una suspensión cuya vigencia estaba prevista hasta tanto la Justicia determinara como cosa juzgada la sentencia por haber votado dos veces en las elecciones celebradas el 14 de octubre de 2001. 

Al igual que lo que sucedió casi 18 años después con Ameri, la diputada Norma Ancari de Godoy estaba a punto de ser expulsada de la Cámara baja, pero renunció a su banca el 8 de abril del 2002.

La bonaerense había amenazado de muerte a un dos integrantes de un programa televisivo, según quedó grabado en imágenes, en inmediatamente la comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó la exclusión del cuerpo de la diputada por “desórdenes de conducta”. 

En 1995, el diputado Eduardo Varela Cid fue sancionado por corrupción tras haber admitido que pidió coimas a empresarios postales a cambio de cambiar artículos clave de la controvertida ley de privatización del Correo argentino.

En este caso tampoco se le aplicó la expulsión, sino una suspensión hasta el final de su mandato. De todos modos, el justicialista perdió todos sus atributos: el goce de la dieta, los fueros y por supuesto la banca.

En 1988, el diputado bonaerense carapintada Horacio Cambareri usó los medios institucionales de la Cámara baja para manifestar su apoyo a la sublevación militar en Monte Caseros, liderada por Aldo Rico contra el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. 

La sanción fue leve teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido, que fue calificado como “desórdenes de conducta”: fue suspendido sin goce de dietas por apenas tres sesiones de la Cámara de Diputados.

La Cámara baja también declinó los pliegos de los diputados nacionales electos Antonio Domingo Bussi por Tucumán (en 1999) y Luis Abelardo Patti por Buenos Aires (en 2005) dado que estaban implicados en causas por delitos de lesa humanidad.

El 18 de abril 1991, el diputado catamarqueño Ángel Luque fue expulsado por “indignidad moral” luego de haber hecho un "sincericidio" en una entrevista periodística vinculada a la desaparición de la joven María Soledad Morales, cuando su hijo Guillermo quedó detenido y acusado de participar en el homicidio.

“Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más”, había expresado Luque, haciendo una obscena ostentación de poder y autoridad.