Tras la diatriba de Cristina Kirchner contra la "vocación de colonia", insisten con el proyecto para nacionalizar el litio

Luego de que en la colmada plaza del 25 de mayo la vicepresidenta Cristina Kirchner defenestrara la "vocación de colonia" de quienes dentro del país se oponen a regular el litio, recobraron impulso las iniciativas que apuntan a declarar como "recurso estratégico" para el desarrollo económico e industrial del país.

El "mineral blanco" es un elemento nodal en el proceso en marcha de transición del patrón energético, pasando de la energía por combustión de fósiles a la electrificación.

El litio revolucionó en los 90 la industria tecnológica dejando atrás la era analógica de las cámaras a rollo y los walkman, y dando luz a las cámaras digitales, notebooks, tablets y, más acá en el tiempo, la aparición de autos eléctricos sobre la base de la batería de ion-litio.

Países del primer mundo ya se proponen llegar a mediados de siglo con emisiones cero de carbono y plazos más cortos para dejar de vender vehículos con motores de combustión interna. 

Argentina se encuentra por razones obvias muy lejos de esos planes, pero cuenta con una ventaja comparativa para empezar a marcar un camino de crecimiento con base en el litio por la presencia de grandes reservas de ese mineral en su territorio.

Con el ojo puesto en esa discusión, el diputado nacional del Frente de Todos Juan Carlos Alderete presentó el 2 de mayo pasado un proyecto que declara de "interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados".

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La iniciativa se funda en la necesidad de que el Estado nacional y provinciales recuperen el control sobre el proceso extractivista y el comercio exterior que está en manos extranjeras, con regalías que están muy por debajo de lo que otros países reciben por ese concepto. También la propuesta busca sentar las bases para un proceso de industrialización con agregado de valor en origen, que le devuelva al país capacidad soberana para administrar sus recursos.

De esta manera, en el artículo 5 del proyecto de Alderete se define que "El Estado Nacional tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país". Y aclara que "finalizada la opción de compra por el Estado argentino", los permisionarios y concesionarios extranjeros existentes "tendrán el derecho sobre el mineral excedente que extraigan y podrán comercializarlos".

Por otra parte, en el artículo 7 se dispone que "el Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o la exportación del litio y sus derivados cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación".

"El litio, por tanto, es codiciado y disputado ferozmente por las potencias hegemónicas. Son precisamente estas potencias, a través de sus empresas monopólicas, las que saquean el litio en la Argentina y profundizan la dependencia de nuestro país. Es tarea de todos defender los intereses de nuestro pueblo y nuestra patria. Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios", sostuvo Alderete en los fundamentos del proyecto.

El litio aparece como el elemento medular del tiempo de transición energética post-fósil por su capacidad de almacenar energías limpias y renovables en celdas de baterías.

La actividad extractiva se basa en grandes piletones de agua cristalina que a través de un proceso de evaporación y la ayuda de químicos se convierten en carbonato de litio. Es un proceso no contaminante, sin impacto en el agua ni en la biodiversidad, siempre con los resguardos de impacto ambiental indispensables.

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La explotación del litio es, junto con Vaca Muerta, una oportunidad enorme de desarrollo y no hay conversaciones de negocios de altos representantes del círculo rojo que no se mencione al "oro blanco del altiplano" como un vector clave para el futuro del país. 

Basta con seguir la evolución histórica del precio del litio. La tonelada pasó de 2.000 millones de dólares en 2006, a 6.000 en 2016, 10.000 a comienzos de 2021 y actualmente cotiza a 50.000 millones de dólares, habiendo tocado máximos de 80.000 millones hace pocos meses.

Argentina es el cuarto país productor de derivados de litio, después de Australia, Chile y China. Australia, sin embargo, produce un derivado menos complejo que el carbonato de litio, que es el concentrado de espodumeno. Además, el país concentra el 21,3 por ciento de las reservas de litio identificadas en el mundo, solo por debajo de Bolivia.

Junto a Chile y Bolivia representa el 65 por ciento de las reservas mundiales de litio y el 85 por ciento en depósitos de salmueras (en salares de altura), que es la forma más barata y limpia de extracción. Australia explota el litio en roca dura, mientras que Estados Unidos y México en arcilla.

En el país hay actualmente 38 proyectos para explotar litio en Jujuy, Salta y Catamarca, de los cuales apenas dos están en producción, y el resto se encuentran en etapa de exploración o construcción.

La firma estadounidense Livent fue pionera en el país al instalarse en Catamarca en 1998 y empezó a extraer litio del salar de Hombre Muerto. En 2015, en tanto, se instaló el consorcio de empresas Sales de Jujuy en el salar de Olaroz, en Jujuy. Allí, la compañía australiana Allkem es socia mayoritaria con el 66,5 por ciento, mientras que la japonesa Toyota Tsusho detenta el 25 por ciento y el restante 8,5 por ciento está en manos de la empresa estatal jujeña Jemse.

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En 2022, ambas empresas exportaron 696 millones de dólares de carbonato de litio. Las proyecciones del mercado son más que entusiastas ya que estiman que hacía el 2025 se produzcan 200.000 toneladas y se exporte por más de 5.600 millones de dólares.

Producto del diseño constitucional argentino que atomiza el control de los recursos naturales dándole a cada provincia la potestad de manejar a discreción sus propias políticas, las realidades dentro del país distan mucho de parecerse entre sí, y el Estado nacional tiene poco margen para intervenir, hasta el momento. Por ejemplo, Jujuy, Salta y Catamarca no tienen legislación específica para el litio y por ende el mercado está desregulado.

En cambio, La Rioja logró sacar una ley de declaración del litio como recursos estratégicos a fines del año pasado, revocando las pocas licencias que tenían concesionarios extranjeros y devolviéndole a la provincia la facultad de definir políticas soberanas. Esta política generó muchas críticas de cámaras empresariales que advierten sobre la fuga de inversiones a Chile o Estados Unidos.

En su aparición pública ante cientos de miles de seguidores en la Plaza de Mayo, Cristina Kirchner se hizo eco de esta discusión planteado en términos dicotómicos entre control estatal y extranjerización, tomando partido claramente por la primera opción. Acusó a quienes esparcen temores sobre huida de capitales a una supuesta "vocación de colonia", de "volver a ser Potosí" en lugar de animarse a un desarrollo industrial como el de "Corea o Malasia".

Efectivamente, contar con la materia prima coloca obviamente al país en un punto de partida con ventajas comparativas a nivel internacional, pero la verdadera riqueza se generaría si se lograra montar una industria masiva de baterías, agregando valor en origen.

Chile se encuentra más adelantado que nuestro país en ese proceso, ya que el presidente Gabriel Boric acaba de lanzar semanas atrás la nueva política nacional del litio, que pone al Estado como actor protagónico en la promoción y explotación del mineral, así como en el otorgamiento de permisos a privados y el control. También busca la industrialización del litio a partir de un modelo de asociación público-privado. En Bolivia, en tanto, la minería está nacionalizada desde 2008.

"Es el momento de romper con el modelo extractivista, exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía. A estos fines proponemos declarar al litio recurso estratégico como herramienta que nos permita recuperar la soberanía, recreando las gestas de nuestros Generales Enrique Mosconi con el petróleo y Manuel Savio con el acero", concluyó Alderete.