Tras el triunfo con Boleta Única, la oposición intentará darle continuidad a la "nueva mayoría" en Diputados
Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro exploran negociaciones para unificar el dictamen sobre la reforma de la ley de Alquileres.
Tras el pírrico triunfo en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición unida consiguió 132 votos para doblegarle el brazo al Frente de Todos con la media sanción de la Boleta Única de Papel, Juntos por el Cambio se entusiasma con darle continuidad a esa "nueva mayoría" de modo tal de trabajar en proyectos de ley prescindiendo del oficialismo.
Fue el diputado nacional de identidad Bonaerense Florencio Randazzo, ex ministro kirchnerista y de extracción claramente peronista, quien paradójicamente tituló la coordinación lograda por la oposición a propósito de la reforma electoral como una "nueva mayoría".
"Hemos logrado una nueva mayoría, plural, diversa y respetuosa en una argentina de la grieta que nos impide encontrar soluciones a los problemas que tenemos", celebró el ex ministro de Interior antes de que el tablero confirmara el resultado final con la media sanción de la ley.
El oriundo de Chivilcoy se basaba en el ajustado pero riguroso quórum de 129 legisladores que habían habilitado la sesión unas horas antes, con el aporte de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, los dos bloques liberales, y legisladores provinciales.
Randazzo fue luego refutado por el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien en el discurso de cierre de su fuerza política les advirtió a los bloques más chicos que terminarán así "acumulando para Juntos por el Cambio".
Envalentonada por la votación exitosa de Boleta Única, la oposición ya teje acuerdos en las sombras para intentar unificar en un dictamen un proyecto de ley de Alquileres. Creen que con el mismo modus operandi de la sesión anterior, podrán propinarle un nuevo revés al oficialismo. Existen contactos informales entre referentes de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro (una fuerza que hasta hace poco no se desmarcaba del oficialismo y ahora empieza a moverse con más autonomía).
Estos espacios consideran que la reforma de la ley de Alquileres que entró en vigor en 2020 fracasó porque no dio las respuestas esperadas en un contexto de inflación por las nubes y reducción de la oferta.
En ese sentido bregan por retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros. También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado.
El dictamen de mayoría del oficialismo, que no tiene asegurada para nada la media sanción, se hizo eco de las preocupaciones de las agrupaciones de inquilinos, que pidieron mantener los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC).
La diferencia es que el proyecto oficialista incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores. Por ejemplo modifica el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (ley de monotributo) de modo tal que no sea computada como una actividad comprendida en el régimen (y por lo tanto gravable) cuando se ponga en alquiler hasta tres inmuebles con destino habitacional familiar (siempre y cuando esos contratos de locación estén registrados en la AFIP).
También se estipula la posibilidad de exceptuar del pago del impuesto a los Bienes Personales a esos inmuebles destinados a la locación para vivienda familiar, a menos que superen los 30 millones de pesos.
La paridad de fuerzas entre el oficialismo y la oposición está llevando a una paralización de la gran mayoría de los proyectos del Frente de Todos que no tienen el consenso del resto de las fuerzas parlamentarias. Se trata de un panorama bastante diferente al que gozaba el oficialismo en los dos primeros años de gestión, cuando la mayoría de los bloques del "medio" adherían a las iniciativas del Gobierno.
Basta con recordar, por caso, la ley de Emergencia Social aprobado en los primeros días del Gobierno de Alberto Fernández, cuando su autoridad política estaba todavía intacta. Hoy le costaría mucho más esfuerzo sancionar, por ejemplo, una ley de Consenso Fiscal como se logró en el 2020, y ni hablar el aporte extraordinario a las grandes fortunas, un logro que del oficialismo que proyectado al 2022 parecería imposible sacar adelante.
El último hito del Frente de Todos fue la reforma al impuesto de Bienes Personales, donde se aumentó el mínimo no imponible a 6 millones de pesos (un aspecto que la oposición valoró) pero se incrementaron las alícuotas para los patrimonios más altos. La oposición rechazó la iniciativa pero una serie de errores no forzados, como el viaje de dos diputados nacionales (una de ellas a Disney) hizo naufragar la intentona para hacer caer el proyecto oficialista.
Otro ejemplo de un proyecto que se encuentra paralizado por el "empate" entre oficialismo y oposición es el de "Compre Argentino". Se trata de un proyecto que tiene dictamen de mayoría del Frente de Todos, pero que la oposición rechaza al señalar que el sistema propuesto habilita "sobreprecios" en las compras públicas del Estado. La llaman "Compre Caro" porque sostienen que encarece el producto o servicio que contrata el Estado. Esta iniciativa iba a ser incluida en la sesión de este miércoles junto al proyecto de "alivio fiscal" para monotributistas y autónomos, pero no hubo acuerdo y el oficialismo priorizó garantizar el quórum y no poner en riesgo el resto del temario.
Algo parecido sucede con el proyecto kirchnerista con media sanción del Senado para la repatriación de los capitales fugados y la creación de un fondo para cancelar la deuda con el FMI. El debate se da a cuentagotas porque no da la correlación de fuerzas en Diputados. El mismo destino de estancamiento parlamentario podría correr el anunciado proyecto de "Renta Inesperada" impulsado por el Gobierno, aunque en este caso la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño reveló en una entrevista reciente que no hay una posición tomada por el interbloque Federal y que se va a estudiar el tema en profundidad antes de emitir opinión.