Intendentes de Juntos por el Cambio estudian por estas horas sus pasos a seguir en la provincia de Buenos Aires, luego del pie que les otorgó la Corte Suprema de Justicia al fallar a favor de las clases presenciales.

Los jefes comunales, entre ellos, Jorge Macri de Vicente López, Gustavo Posse de San Isidro, y Diego Valenzuela de Tres de Febrero, analizan cuál será la estrategia para intentar volver a las clases presenciales.

Consideran que la resolución del máximo tribunal les abrió la puerta para poder imitar el plan escolar de la Ciudad, pese a que la gobernación provincial, a cargo de Axel Kicillof, adoptó las clases virtuales como decretó el Poder Ejecutivo.

Además, los intendentes entienden que el fallo no se aplica solo a la ciudad de Buenos Aires, sino al resto de las provincias y podría beneficiarlos en los tribunales.

Jorge Macri ya había presentado un recurso de amparo ante la justicia bonaerense, aún sin respuesta.

Al no tener una definición, en Vicente López consideran realizar una nueva presentación judicial para insistir en la temática e intentar que "las aulas no sigan vacías".

Lo mismo en las otras jurisdicciones, aunque primera buscan definir si pueden presentarse ante la Corte Suprema o ante los tribunales locales.

El fallo del máximo tribunal le dio la razón al planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y reivindicó la autonomía de la Ciudad por sobre las decisiones del Gobierno nacional incluso en el contexto de la pandemia.

Los jueces determinaron que cuando "hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en relación a la salud y la educación, que ambas ejercieron amigablemente hasta este conflicto, cabe resolver quién debe decidir cuando no hay acuerdo de concertación".

En ese escenario, el fallo estableció que "cuando no hay acuerdo, es competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las provincias adoptar este tipo de decisiones específicas".

El fallo aceptó que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional se inscriben en la gestión de la pandemia.

Pero subrayó que "las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración titulada COVID-19 y Derechos Humanos".