La Cámara de Casación porteña confirmó la absolución de un grupo de ex funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la tragedia de Beara, el derrumbe de un entrepiso de un boliche del barrio de Palermo que causó la muerte de dos jóvenes mujeres de 20 y 21 años.

El máximo tribunal penal local ratificó la declaración de inocencia para el comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, así como los funcionarios Martín Farrell, ex director General de Habilitaciones y Permisos; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, ex jefe del Departamento de Esparcimiento e Isaac Rasdolsky, ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones.

El fallo también ratificó las absoluciones de Maximiliano Fratino, uno de los organizadores de un recital de aquella noche de setiembre de 2010; Agustín De Grazia, encargado del boliche; Leandro Camani y Matías Pantarotto, gestores de la habilitación, y Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control.

Farrell estuvo a punto de ser juez de la Ciudad durante el gobierno porteño de Mauricio Macri y Berkowski también había sido investigada por la tragedia de Cromañón, ocurrida seis años antes que Beara.

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Los jueces Alberto Huarte Petite y Jorge Rimondi dispusieron, en cambio, la revisión de las condenas a los empresarios que regenteaban el local, quienes fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por cinco años.

“En cuanto a los recursos de las defensas, sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, los recursos de casación deberán ser analizados por una sala de fondo, a fin de garantizar una revisión amplia de la sentencia de condena”, sostiene la resolución, de sólo 16 páginas.

El tribunal rechazó los recursos de la fiscalía y de la querella contra las absoluciones y también sobre las condenas, a las que consideró exiguas.

Los condenados fueron los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Iván Fliess y Gustavo Amaru (maestro mayor de obras que avaló el entrepiso).

El 10 de diciembre de 2010, Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20, murieron como consecuencia del derrumbe de un entrepiso en el local.

Durante la etapa de instrucción surgieron claros indicios del presunto pago de coimas por parte de los empresarios a funcionarios y policías para posibilitar el funcionamiento del boliche, tal como se dio por constatado en Cromañón.

Sin embargo el tribunal oral sólo dispuso las condenas por los delitos de “homicidio culposo y lesiones culposas” y descartó los pagos ilegales.