Cecilia Goyeneche, fiscal de la Provincia de Entre Ríos, fue suspendida de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y se le inició un juicio político. Además, se apartaron de la causa a otros dos fiscales que trabajaban junto a Goyeneche y fueron reemplazados por un abogado de la matrícula. 

La causa por la cual deberá enfrentar a un jury, la suspendieron y se le inició un juicio político, fue por ser acusada de un mal desempeño. La argumentación que utilizaron para este caso fue porque debería haberse apartado de la investigación de la causa de los contratos porque había formado parte de un fideicomiso con uno de los investigados.

Además, la fiscal anticorrupción estaba llevando a cabo una investigación sobre el juicio oral y público hacia el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador de Israel, Sergio Urribarri. También realiza una investigación sobre el cobro de 53 millones de dólares que realizó la legislatura mediante empleados fantasmas y donde se ve implicado el sobrino de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

 Goyeneche señaló que los denunciantes que causaron su suspensión son del estudio que defiende a quienes ella investiga y culpó al gobernador Gustavo Bordet y al “Urribarrismo” por esta situación. Desde la gobernación, Bordet respondió que todos son iguales ante la ley y se defendió diciendo que nunca se entrometieron y fueron respetuosos con los veredictos de la justicia.

 La fiscal suspendida recibió el apoyo de La Asociación de Fiscales, que preside Carlos Rívolo, y expresó su preocupación sobre la situación que enfrenta el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos. Los fiscales nacionales también hicieron referencia al caso al que investigaba la procuradora Goyeneche y mencionaron que podría tratarse de una intención por “obstaculizar el desarrollo del juicio” .

Además, los fiscales remarcaron en su comunicado la importancia de su labor y como el Estado debe procurar que puedan ejercer su trabajo sin intimidaciones, trabas ni hostigamientos. “El sostén de la Independencia y autonomía de los y las fiscales es una obligación de la República”, afirmó la Asociación de Fiscales.